Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

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June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


(47) Documento de la ONU CCPR/C/79Add.77, abril de 1997, párr. 13.

(48) Los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura promueven el principio de la libertad de expresión para los miembros de la judicatura: «En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura» (principio 8).

(49) En un aparente intento de desacreditarle, las autoridades tunecinas afirmaron que su carta estuvo motivada por un caso de tierras que había perdido en los tribunales. Véase Tunisie: l'affaire Yahyaoui: Le combat d'un homme pour l'indépendance de la justice, de Abogados sin Fronteras y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (marzo de 2002).

(50) Ley 59-154 del 7 de noviembre de 1959, según la modificación introducida por la Ley 88-90 del 2 de agosto de 1988 y la Ley 92-25 del 2 de abril de 1992.

(51) El PIDCP afirma: «Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, […]», (artículo 10). Las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos estipulan la separación de los presos encarcelados por razones civiles de los encarcelados por delitos: «Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles» (regla 8).

(52) La Ley 2001-52 del 14 de mayo de 2001 «relativa a la administración de las prisiones» sustituyó al Decreto 1876 del 4 de noviembre de 1988. Otra ley trasladó del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia las competencias relativas a la administración penitenciaria (Ley 2001-51, del 3 de mayo de 2001). Sin embargo, los funcionarios de prisiones siguen estando bajo la autoridad del Ministerio del Interior si se les convoca, en circunstancias excepcionales, para incorporarse como parte de las fuerzas de seguridad a fin de mantener el orden en el territorio tunecino.

(53) La Ley 2000-77 del 31 de julio de 2000 incorporó esta disposición al Código de Procedimiento Penal (artículos 342 bis al 342-5).

(54) La Ley 2001-52 del 14 de mayo de 2001 estipula que el preso tiene derecho a solicitar una reunión con el juge d'exécution des peines (artículo 17-7). Al parecer, los detenidos en prisión preventiva, que son los que corren un mayor peligro de sufrir torturas o malos tratos, y los presos en espera de juicio no entran dentro de la jurisdicción de este juez.

(55) Artículo 342-3 del Código de Procedimiento Penal.

(56) Artículo 342-4 del Código de Procedimiento Penal.

(57) Entre los últimos análisis están Rapport sur la situation dans les prisons en Tunisie, del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez (Túnez, 20 de diciembre de 1999); La réalité des prisons en Tunisie, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en Túnez (Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l' Homme en Tunisie, CRLDHT Tunisie) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (junio de 2000); y Les prisonniers à «caractère spécial» ou La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie, del Comité de Defensa de los Presos Políticos de Túnez (Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie) (febrero de 2003).