Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

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June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


· que se garantice que se investigarán, sin demora y de forma imparcial y exhaustiva, todas las muertes bajo custodia y las denuncias de tortura y malos tratos, y que se harán públicas las conclusiones íntegras de tales investigaciones;

· que se garantice el procesamiento de los responsables de torturas y otras violaciones de derechos humanos;

· que se revoquen o modifiquen las leyes, incluidos los artículos 52 bis del Código Penal y 123 del Código de Justicia Militar, que facilitan el encarcelamiento de los presos de conciencia;

· que se garantice que todos los presos disfrutarán, sin discriminación, de sus derechos, tal y como se definen en la legislación y en las normas internacionales, y que se les darán todas las posibilidades de solicitar un resarcimiento si se han violado sus derechos;

· que se ponga fin al uso de la reclusión en régimen de aislamiento y se garantice que todo preso que ha sido objeto de este trato contará con los medios necesarios para solicitar un resarcimiento, como asistencia médica adecuada;

· que se garantice que se permitirá a organismos independientes inspeccionar prisiones y centros de detención;
· que se garantice que no se impondrán medidas arbitrarias a ex presos con el pretexto del control administrativo, y que se pondrá fin a la imposición del control administrativo a presos de conciencia tras su excarcelación;

· que se garantice que recibirán una reparación, en la que se incluirán la rehabilitación y una indemnización, todas aquellas personas acerca de las cuales un organismo independiente determine que han sido víctimas de tortura, malos tratos, detención arbitraria o encarcelamiento después de un juicio que haya incumplido las normas internacionales sobre imparcialidad.

Amnistía Internacional está convencida de que es fundamental que se permita a los profesionales del derecho ejercer su trabajo sin injerencias para garantizar una mejora real en la situación de los derechos humanos:

· los abogados no deben sufrir injerencias en el ejercicio de sus obligaciones profesionales, en las que se incluyen tener contacto con sus clientes y tener derecho a ejercer la defensa;

· los abogados no deben sufrir acoso ni intimidación;

· la independencia del poder judicial con respecto a la influencia o la intervención del poder ejecutivo debe ser absoluta, no sólo en la ley, sino también en la práctica;

· los miembros del poder ejecutivo que intervengan de forma ilegal en el funcionamiento del poder judicial deberán ser objeto de una sanción;

· los jueces y magistrados deben garantizar que se investigan de forma imparcial y exhaustiva todas las denuncias de tortura y malos tratos;

· no deben admitirse en los tribunales las confesiones u otras pruebas obtenidas mediante tortura;

· debe alentarse a los jueces a que garanticen la aplicación plena de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Túnez que, conforme a la Constitución tunecina, son de rango superior a las leyes tunecinas.



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(1) Túnez ratificó el PIDCP en 1969 y la Convención contra la Tortura en 1988.