Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

Report
June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA





Más de diez años después de los juicios colectivos de Bouchoucha y Bab Saadoun sigue existiendo una brecha entre los principios que proclaman las autoridades y la realidad con la que se encuentran los ciudadanos de Túnez. Las propias autoridades —miembros de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y de otras instituciones del Estado— siguen violando de forma deliberada los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Túnez, además de la legislación y la Constitución tunecinas.

Las autoridades rechazan las críticas y las recomendaciones de organizaciones de derechos humanos, a las que acusan de centrarse en los derechos civiles y políticos e ignorar los logros del gobierno en la defensa de los derechos económicos y sociales. Este informe demuestra que es probable que quienes sufren la violación de sus derechos civiles y políticos también se vean privados de sus derechos económicos y sociales fundamentales.

Es alentador observar que, en las instituciones del Estado tunecino, algunos funcionarios siguen trabajando para aplicar la ley y garantizar que se respetan los derechos humanos. Algunos de los jueces recién nombrados para supervisar la aplicación de las penas de prisión o formar parte del Tribunal Administrativo dictan fallos acordes con la ley, y anulan decisiones tomadas por instituciones oficiales como administraciones universitarias o penitenciarias, pese a las presiones políticas. Sin embargo, quienes trabajan en Túnez a favor del respeto al Estado de derecho siguen corriendo peligro de sufrir acoso, intimidación e incluso la pérdida de su trabajo.

El clima general de impunidad implica que las medidas arbitrarias se toleran o aprueban en las esferas más altas del Estado. Para romper el ciclo de injusticias, las autoridades tunecinas deben dejar claro a todos los funcionarios que los sospechosos de decisiones o actuaciones ilegales serán procesados y deberán rendir cuentas de sus actos. Las autoridades tunecinas deben proporcionar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un resarcimiento y la posibilidad de presentar recursos, y deben garantizar que la justicia y el Estado de derecho se convierten en una realidad para todos los tunecinos. En Túnez no se trata de elegir entre seguridad y derechos humanos. Sólo se podrá alcanzar el objetivo de seguridad para todos, y sólo se cumplirá la obligación del respeto de los derechos humanos de todos, si se garantiza que la administración de justicia es imparcial.

Recomendaciones

Amnistía Internacional recomienda a las autoridades tunecinas que tomen las siguientes medidas:

· que se libere a los presos de conciencia de forma inmediata e incondicional;

· que se libere o juzgue de nuevo, sin demora y conforme a las normas internacionales para un juicio justo, a todos los presos políticos declarados culpables y condenados después de juicios injustos;

· que se ponga fin a la práctica de juzgar a civiles ante tribunales militares, en los que los procesos incumplen las normas internacionales para un juicio justo;

· que se juzgue de nuevo en tribunales penales a todos los presos civiles que han sido declarados culpables por tribunales militares, y se garantice que los nuevos juicios ante tribunales civiles cumplen todas las garantías de imparcialidad reconocidas en el ámbito internacional;

· que se modifique la legislación para poner fin a la práctica de de la detención en régimen de incomunicación;

· que se garantice que las fuerzas de seguridad, en especial el Departamento de Seguridad del Estado, no detendrán a personas en régimen de incomunicación; que todos los detenidos comparecerán ante una autoridad judicial independiente sin demora; y que posteriormente se les permitirá tener contacto con abogados, médicos y familiares sin demora y con regularidad;