Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

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June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


El Comité contra la Tortura, que vigila la aplicación de la Convención contra la Tortura, afirmó que estaba «preocupado por los informes de la difundida práctica de la tortura y otros tratos crueles y degradantes que perpetran las fuerzas de seguridad y la policía [en Túnez], que, en algunos casos, tienen como consecuencia la muerte del detenido». Además, estaba «preocupado por las presiones e intimidación que utilizan los funcionarios para impedir a las víctimas que presenten denuncias».(22)

Flagrante violación del derecho a un juicio justo

El PIDCP protege el derecho de la persona acusada «a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley» (artículo 14). En Túnez, estos derechos se deniegan con frecuencia durante los procesos ante los tribunales. En la mayor parte de los casos no se respetan los derechos de la defensa desde el comienzo del proceso judicial; durante los juicios se restringen los derechos del letrado de la defensa y de los acusados, a los que, en ocasiones, se les impide dirigirse al tribunal. Las «confesiones» se admiten como prueba sin investigar las denuncias de que se obtuvieron mediante tortura. Se ignora sistemáticamente la presunción de inocencia: la fiscalía no presenta más pruebas que las «confesiones», o las que presenta son insuficientes para que la declaración de culpabilidad sea fiable. Existen numerosos casos de acusados que son procesados más de una vez por el mismo delito.

No se tienen en cuenta los derechos de la defensa

El derecho a preparar la defensa se ignora o se restringe en todas las fases del proceso judicial. Es frecuente que a los acusados que comparecen ante un juez de instrucción no se les informe de que tienen derecho a asistencia letrada. En muchos casos, a los abogados de la defensa no se les da la cantidad mínima de tiempo necesaria para preparar dicha defensa, y en ocasiones se les impide ponerse en contacto con su cliente antes del juicio. Puede que se les permita sólo un acceso limitado al sumario, o que desaparezcan documentos fundamentales. Los abogados que representan a detenidos por razones políticas sufren habitualmente intimidación y acoso, lo que viola las normas internacionales que protegen su derecho a no sufrir injerencias indebidas en el ejercicio de sus obligaciones profesionales.(23)

Las autoridades tunecinas intentan restringir las actividades del creciente número de abogados que actúan en defensa de casos de índole política o de casos de infracciones penales en los que existe una preocupación relativa a los derechos humanos. Estos abogados son objeto de vigilancia policial y, en algunos casos, las fuerzas de seguridad los detienen y los someten a malos tratos de forma arbitraria. Puede que registren sus oficinas durante la noche, a veces después de advertencias por parte de las fuerzas de seguridad. Estos hechos no se investigan de forma exhaustiva.

Es habitual que las fuerzas de seguridad sometan a acoso a los clientes de los abogados de derechos humanos, lo que hace que estos abogados pierdan clientela. Puede que abran su correo y que a menudo intervengan, corten o desvíen sus líneas de teléfono y fax. El acceso a Internet se bloquea sistemáticamente, y los mensajes dirigidos a determinadas cuentas de correo electrónico nunca llegan a su destino.