Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

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June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


Según los informes recibidos, durante más de una década cientos de detenidos han sido objeto de torturas, generalmente mientras permanecían bajo custodia policial. En agosto de 1999 se modificó el Código Penal para tipificar la tortura como un delito punible con un máximo de ocho años de cárcel. Según el artículo 101 bis del Código Penal, «todo funcionario público o similar que, en el ejercicio de sus funciones, someta a una persona a tortura será castigado con ocho años de cárcel».(21) Sin embargo, según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad siguen utilizando la tortura en comisarías de policía y centros de detención, entre los que se encuentra el Ministerio del Interior, en la capital.

Zouheir Yahiaoui fue detenido en Ben Arous el 4 de junio de 2002; al parecer, agentes de las fuerzas de seguridad le torturaron en el Ministerio del Interior. Fue golpeado mientras permanecía suspendido del techo por las manos, que estaban atadas. Según los informes, no fue sometido a un reconocimiento médico, pese a las peticiones por escrito que los abogados que le representaban presentaron el 5 de junio ante los fiscales de Ben Arous y Túnez, la capital. Al parecer, las solicitudes fueron retiradas posteriormente del sumario, y la fecha de su detención se cambió a la del 5 de junio en un informe policial. Posteriormente fue declarado culpable de los cargos de «difundir información falsa» y «uso indebido de las líneas de telecomunicaciones» y condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, que en la apelación, en julio de 2002, se redujeron a dos años. El tribunal no ordenó una investigación sobre las denuncias de tortura.

En octubre de 2002, un alto funcionario del Ministerio del Interior declaró a los delegados de Amnistía Internacional que había casos ocasionales de tortura bajo custodia, pero que esta no era una política deliberada. Sin embargo, las personas detenidas por las fuerzas de seguridad, especialmente por el Departamento de Seguridad del Estado, siguen corriendo peligro de sufrir torturas, y las denuncias de torturas no se investigan.







































Túnez es Parte en la Convención contra la Tortura, que exige la investigación pronta e imparcial de todas las denuncias de tortura (artículo 12). Aunque se han realizado investigaciones sobre algunos casos de tortura (véase el caso de Mohamed Ali Mansouri, página 30 infra), en cientos de otros casos de tortura que se han producido en la última década no se han realizado investigaciones ni se ha procesado a los responsables.

En la mayor parte de los casos, las víctimas de tortura, sus familias e incluso los abogados sufren intimidación y presiones si piden una investigación, y se encuentran con obstáculos si intentan presentar una denuncia. Funcionarios judiciales y agentes de policía comunicaron a las víctimas o a sus abogados que tenían órdenes de no archivar las denuncias sobre casos concretos. La Convención contra la Tortura afirma que «[s]e tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado» (artículo 13).