Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

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June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


El 13 de mayo de 2002, Salem Zerda, ciudadano tunecino que vivía en el extranjero desde 1991, fue devuelto a su país desde Estados Unidos como inmigrante ilegal y detenido a su llegada a Túnez. Según los informes, el Departamento de Seguridad del Estado le mantuvo recluido durante más de tres semanas en régimen de incomunicación en el Ministerio del Interior, sin que se le realizase ningún reconocimiento médico ni se informase a su familia. Al parecer, el Departamento de Seguridad del Estado falsificó la fecha de su detención, cambiándola al 2 de junio, en un informe policial(procès-verbal). Según los informes, el 4 de junio, un juez militar de instrucción le interrogó sin presencia de un abogado y decretó su prisión preventiva pendiente de juicio en la Prisión Civil 9 de Abril, bajo la acusación de pertenencia a una «organización terrorista» que actuaba en el extranjero.(18)

Belgacem Naouar, sin contacto con un abogado durante varios meses

Belgacem Naouar, de 39 años de edad, casado y con cuatro hijos, era tío de Nizar Naouar, el principal sospechoso de la explosión de un camión en Djerba que causó su propia muerte y la de otras 21 personas en abril de 2002. Belgacem Naouar fue detenido poco después de estos hechos, permaneció recluido durante varias semanas en un lugar desconocido, y durante varios meses se le denegó el contacto con un abogado. Según los informes, en junio de 2002, cuando el presidente del Colegio de Abogados comunicó al juez instructor del Tribunal de Primera Instancia de Túnez que la familia de Belgacem Naouar le había contratado para representarle, le comunicaron que el preso había solicitado a otros dos abogados que le defendieran. Sin embargo, en octubre de 2002, cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con ellos, estos dos abogados desmintieron su participación en el caso. En el momento de redactarse este informe, casi un año después de la detención, parece que ningún abogado había tenido acceso al sumario o se había reunido con el detenido.

Estas prácticas habituales de negar los derechos de los detenidos en prisión preventiva no sólo infringen las disposiciones de la legislación tunecina, sino también las normas internacionales de derechos humanos. El PIDCP afirma que «todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias» (artículo 9). Los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados piden a los gobiernos que garanticen «además que todas las personas arrestadas, o detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención» (principio 7).(19)

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha pedido la prohibición absoluta de la reclusión en régimen de incomunicación, que facilita la tortura y los malos tratos: «Este tipo de detención debe declararse ilegal y las personas retenidas en régimen de incomunicación deben salir en libertad sin demora. Deben existir disposiciones jurídicas que aseguren que los detenidos gocen de acceso a asistencia letrada en un plazo de 24 horas a partir de su detención».(20)

Tortura durante la reclusión