Los fantasmas de Bolivia: “El trauma fue tan grande que crecimos en silencio”

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August 29, 2014

Los fantasmas de Bolivia: “El trauma fue tan grande que crecimos en silencio”

En el marco del día internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el 30 de agosto, Amnistía Internacional une su voz a la de las familias que todavía buscan a sus desaparecidos en Bolivia.

La última vez que Zoila Luz Hoyos vio a su esposo, Gustavo Medina, el 10 de Octubre de 1975, seis hombres lo arrastraban violentamente de su casa, en Salta, Argentina. La pareja había huido de Bolivia cuando sus actividades políticas lo habían convertido en blanco del entonces gobierno de facto del general Hugo Banzer.

40 años más tarde, nadie sabe qué fue de él.

Desde ese instante, con las últimas palabras de Gustavo en su mente, Zoila Luz comenzó una larga procesión que la llevó a recorrer decenas de oficinas en busca de cualquier información que pudiera ayudarla a encontrar al padre de sus hijos.

“Pregunté por mi esposo en la gendarmería de Salta, Argentina. Me dijeron que allá no lo tenían. Me fui al ejército. Nada tampoco,” explicó.

Zoila Luz eventualmente acudió a las Naciones Unidas y al cónsul de Bolivia en Salta. Todos prometieron buscarlo, pero en las cuatro décadas que pasaron desde aquel día macabro, no ha recibido noticias.

“Hasta al día de hoy no sabemos nada, mis hijos ya son mayores y siguen con esta incertidumbre,” recuerda con dolor.

Patrón de desapariciones

La desaparición forzada de Gustavo no fue un caso aislado.

Los 18 años de gobiernos militares y autoritarios que rigieron Bolivia entre 1964 y 1982, dejaron  alrededor de 150 desaparecidos en Bolivia.

Desde entonces, los esfuerzos de los gobiernos bolivianos para encontrar a las personas desaparecidas han sido insuficientes y no han dado respuesta a la angustia permanente de los familiares.

La creación, en 1984, de una comisión especial para avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada fue, en su momento, una buena iniciativa pero la falta de recursos no le permitió conseguir resultados concretos.

En el 2003, se formó un consejo interinstitucional para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante los gobiernos militares (CIEDEF). Sin embargo, su impacto también ha sido limitado. Sólo alrededor de una veintena de casos han prosperado y se ha podido entregar los cuerpos a las familias.

En Julio de este año, las autoridades anunciaron el hallazgo de una fosa que podría albergar los restos de algunos guerrilleros que desaparecieron en Teoponte durante el Gobierno de Alfredo Ovando Candia (1970). Una comisión especial conformada estaría a cargo de las tareas de excavación e identificación de los cuerpos.

La ausencia de un hermano

A menudo, el dolor creado por una desaparición forzada es tan inmenso que abruma a los familiares. Tanto así que el Comité Contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han dicho que este sufrimiento se considera como tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Hugo Ticona, ex dirigente sindical, todavía recuerda con una mezcla de frustración y rabia el momento de su detención y la de su hermano, Renato, en un puesto de control cercano a la ciudad de Oruro, al sur de La Paz, el 22 de julio de 1980, cinco días después del golpe militar de Luis García Meza.

Tras ser brutalmente golpeados y torturados, ambos fueron trasladados primero a un cuartel y luego a las dependencias de la Dirección de Orden Público (DOP).

Allí fueron separados. Hugo fue llevado a una clínica y a un hospital debido a las fuertes heridas que tenía como consecuencia de los golpes. Luego lo trasladaron a Puerto Cavinas, en el departamento de Beni en el noreste del país, donde estuvo preso hasta el 4 de noviembre de 1980.

“Desde que entramos en la DOP nunca más volví a ver a mi hermano”, dijo Hugo Ticona.

Renato tenía 25 años cuando fue desaparecido. Era un estudiante universitario.

El caso de los dos hermanos llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2008 falló contra Bolivia por la tortura que sufrió Hugo y la desaparición de Renato.

“Tocamos todas las puertas en Bolivia pero no obtuvimos resultados,” dijo Hugo sobre las dificultades que ha encontrado en la búsqueda de su hermano y enjuiciar a los responsables de su desaparición y de la tortura sufrida.

Tras la sentencia de la Corte Interamericana se logró avanzar en el enjuiciamiento de tres miembros del Ejército y dos de la DOP. Hugo lamenta que dos de ellos no hayan sido aprehendidos todavía, aunque se conoce dónde viven en Bolivia.

Un padre robado

Gladys Pérez ha enfrentado dificultades similares para saber qué le ocurrió a su padre, Mario Honorio Pérez Argandoña, y encontrar sus restos.

Gladys tenía apenas cuatro años cuando varios hombres vestidos de civil se llevaron a su padre de su casa, durante el golpe militar del general Barrientos el 4 de noviembre de 1964.

Nunca más supo de él.

“El trauma fue tan grande que crecimos en silencio. Mamá alguna vez tuvo que decir que mi padre la abandonó, que no sabíamos nada, tener que inventar historias,” dijo Gladys.

Al igual que en otros lugares, también en Bolivia los familiares de las personas que fueron desaparecidas durante los gobiernos militares reclaman que se cumpla su derecho a conocer las circunstancias de la desaparición de sus seres queridos, encontrar y recuperar los restos de los desparecidos y enjuiciar a los responsables.

A este reclamo se añade la perseverancia de varios familiares para acceder a los archivos clasificados del Ejército que podrían contener información valiosa para dar con el paradero de muchos de los desaparecidos. Entre ellos están el líder político y fundador del Partido Socialista de Bolivia Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente Juan Carlos Flores Bedregal.

Los dos fueron detenidos y asesinados en el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana durante el golpe de estado de Meza. Los familiares de los dos dirigentes siguen buscando justicia y la recuperación de los cuerpos para poner fin a una angustia y duelo permanente.

A mediados de julio de este año, Amnistía Internacional hizo pública una acción en línea para recoger firmas y apoyar los pedidos de verdad, justicia y reparación de cientos de víctimas en Bolivia.

Aproximadamente 15.000 cartas de todas partes del mundo han sido enviados en los últimas semanas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales Ayma, reclamando atención a estas demandas y medidas para que el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas sea cumplido.

“Las autoridades no pueden hacer oídos sordos a estas peticiones. Es hora de que se comprometan plenamente para así poder pasar esta página negra de la historia de Bolivia con la garantía de que las violaciones ocurridas en aquella época no se repetirán nunca más,” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.

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