AMNISTÍA INTERNACIONAL EE.UU.
COMUNICADO DE PRENSA

23 de Mayo de 2006

CONTACTO: Oficina de Prensa, (202) 544-0200 ext. 302

En Nombre de la Lucha contra el Terrorismo, Gobiernos de Todo el Mundo Vulneran los Derechos Humanos con Consecuencias Letales, Afirma Amnistía Internacional Durante la Presentación de su Informe Anual 2006

La tercerización de operaciones militares y de inteligencia por parte del gobierno de EE.UU. en la guerra contra el terrorismo crea zonas virtualmente carentes de reglas en las que se ignoran las normas de derechos humanos y abundan las violaciones. La organización exige una reforma del sistema a gobiernos y empresas.

(WASHINGTON, DC) Amnistía Internacional Estados Unidos (AIUSA) publicó hoy que gobiernos de todo el mundo, en nombre de la lucha contra el terrorismo, cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos maltratando a sospechosos, causando daños a civiles y socavando su propia capacidad para solucionar algunos de los problemas más acuciantes del mundo. En la presentación de su Informe Anual correspondiente a 2006 sobre la situación que se vive en 150 países en materia de derechos humanos, la organización hizo hincapié en que el sistema utilizado actualmente por el gobierno de EE.UU. para tercerizar operaciones militares clave de inteligencia, seguridad y detención es causa de graves violaciones de derechos humanos y socava la imputabilidad de esos actos.

"Estados Unidos se ha transformado en un líder mundial en lo que se refiere a evitar la imputabilidad de las violaciones de derechos humanos; Un ejemplo es la dependencia del gobierno de Estados Unidos de utilizar empresas militares privadas, que ha ayudado a crear zonas virtualmente carentes de reglas, permitido por la bandera de Estados Unidos y su poder militar", dijo Larry Cox, quien es Director Ejecutivo de AIUSA desde el 1 de mayo. "En los negocios, la tercerización puede aumentar la eficiencia, pero en la guerra tercerizar significa facilitar la impunidad. La conducta ilegal de los contratistas y la renuencia del gobierno de EE.UU. a llevarlos ante la justicia están ensombreciendo aún más la reputación de este país en el exterior, perjudicando la imagen de las tropas estadounidenses y alimentando el sentimiento antinorteamericano. Estos resultados constituyen un alarmante rendimiento de la inversión de los contribuyentes norteamericanos, superior a los mil millones de dólares, y socavan lo que queda de la autoridad moral de EE.UU. en el exterior."

Esta tercerización por parte de Estados Unidos es sólo uno de los ejemplos de cómo los gobiernos pisotean las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo que la organización mencionó en la presentación de su Informe Anual. El gobierno uzbeko asesinó a cientos de pacíficos manifestantes la primavera pasada, justificándose por semejante matanza alegando que se encontraba llevando a cabo tareas de persecución de terroristas. Según el Primer Ministro egipcio, Estados Unidos transfirió unos 60 o 70 sospechosos de terrorismo a Egipto. Amnistía Internacional denunció el caso de un ciudadano egipcio que fue secuestrado en Milán y finalmente llevado a Egipto, donde se supone que fue torturado; su paradero se desconoce hasta el día de hoy. En Colombia, fuerzas de seguridad del gobierno, respaldadas por miles de millones de dólares provenientes de Estados Unidos, conspiran con fuerzas paramilitares consideradas como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cometiendo graves violaciones de derechos humanos.

"Se están utilizando inquietudes legítimas con respecto al terrorismo para justificar lo injustificable", afirmó Cox. "La presión ejercida por el gobierno de EE.UU. ha incrementado la disposición de los gobiernos a violar principios con muchos años de vigencia, y los aliados operan en secreto con Estados Unidos para secuestrar a supuestos sospechosos de terrorismo y enviarlos a países donde se los tortura, o proveen las instalaciones necesarias para mantener sitios secretos dirigidos por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.). Estas violaciones menoscaban la capacidad política de los líderes norteamericanos para confrontar la represión que cada vez es más frecuente en países africanos como Etiopía, presionar al gobierno chino a fin de que lleve a cabo una reforma significativa, u objetar los actos de represión y violencia contra aquéllos que cuestionaron las elecciones egipcias, por ejemplo."

En su apuro por entregarse a la guerra y con poco aviso, el gobierno de EE.UU. ha tercerizado contratos por miles de millones de dólares a empresas privadas, dejando en manos de civiles algunas de las funciones más esenciales y delicadas de la guerra, incluso la protección de convoyes que transportan provisiones, la vigilancia de prisioneros y la realización y traducción de interrogatorios. Pese a los escasos requisitos que existen en cuanto a la denuncia de delitos, han surgido testimonios que implican a civiles que trabajan para el gobierno de EE.UU. en el maltrato de civiles iraquíes y afganos, lo que incluye cientos de incidentes de fusilamiento de civiles iraquíes y la participación en el escándalo por los actos de tortura cometidos en Abu Ghraib.

Actualmente, las empresas privadas que desempeñan labores militares operan en una zona virtualmente carente de reglas, ya que están exentos de la aplicación de las leyes iraquíes por orden de la Autoridad Provisional de Coalición y quedan fuera de la cadena del mando militar.

De los veinte casos conocidos que alegan la mala conducta por civiles en la guerra contra el terrorismo que fueron remitidos por el Pentágono y la CIA al Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU para investigación, el DOJ ha despedido dos, ha actuado en un caso, mientras se clasifican como abiertos los 17 restantes.

Amnistía Internacional hace responsables tanto a la administración Bush como a las empresas privadas de modificar por completo el sistema de contratación de modo de garantizar la seguridad de sospechosos y civiles, así como la investigación y la iniciación e impulso de acciones legales en los casos de violación de derechos. En particular, el gobierno de EE.UU. debería crear y hacer cumplir mecanismos claros, transparentes y consistentes para denunciar, investigar y, si es necesario, enjuiciar a los contratistas involucrados en casos de abuso de detenidos o uso excesivo de fuerza contra civiles. Cada contratista que cumpla funciones de detención o pueda usar fuerza contra civiles debería ser sometido a una investigación de antecedentes y recibir capacitación en derechos humanos y leyes humanitarias.

Por su parte, las empresas privadas que desempeñan labores militares debería, entre otras cosas, implementar una amplia política de derechos humanos, monitorear su implementación y publicar informes al respecto en forma periódica, investigar los antecedentes de sus empleados y capacitarlos en las normas internacionales de derechos humanos, hacer públicos los resultados de las investigaciones que la empresa pueda realizar con respecto a supuestos abusos de derechos humanos por parte de sus empleados, y revelar los términos y condiciones de sus contratos con el gobierno de EE.UU. en lo que se refiere a derechos humanos.

"Esas empresas se autoproclaman empresas militares privadas y han tratado de abandonar rótulos negativos como el de 'mercenarios'", afirmó Mila Rosenthal, Directora del Programa de Negocios y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos. "Quieren ser considerados como empresas respetables que realizan un trabajo respetable. Si no quieren ser vistos como los perros más sucios de la guerra, deben tomar seriamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Deben comprender las consecuencias que tiene sobre los derechos humanos el hecho de desplegar personal frecuentemente armado en zonas de guerra, y garantizar la aplicación de políticas a nivel de empresa para impedir y reparar los abusos."