AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública
Índice AI: AMR 23/024/2006 (público)
Servicio de Noticias: 128/2006
17 de mayo de 2006
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230242006

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la posibilidad de que las fuerzas de seguridad hayan hecho un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza el 16 de mayo de 2006 contra indígenas, campesinos y afrocolombianos, durante una manifestación celebrada en la Carretera Panamericana, en varias zonas del departamento de Cauca.

Según los informes, la mañana del 16 de mayo, al menos 15.000 personas ocuparon la Carretera Panamericana, en torno a la zona de La María, en el municipio de Piendamó, departamento de Cauca. Al parecer, los manifestantes se congregaron para protestar contra las políticas económica y agraria, así como otras que podrían tener impacto en los derechos humanos, como la protección de la impunidad en numerosos casos de abusos.

Los informes indican que, al despejar la carretera de manifestantes, las fuerzas de seguridad dispararon y emplearon gas lacrimógeno contra los reunidos. Al parecer, tomaron parte en esta acción tres helicópteros del ejército. Según algunas fuentes, los manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad.

A Amnistía Internacional le preocupa que, a tenor de los informes, al menos una persona, Pedro Coscué, miembro de una comunidad indígena que vive en la zona, perdió la vida aparentemente por disparos.

Según la información recibida, al menos 50 personas resultaron heridas durante la acción, entre ellas varios miembros de las fuerzas de seguridad y un niño de 12 años.

De los heridos, al menos tres personas sufrieron heridas de bala después de que, según los informes, las fuerzas de seguridad dispararon contra ellas en la zona de El Pital, en el municipio de Caldono. Amnistía Internacional considera muy grave el hecho de que, al parecer, se impidió durante varias horas que las ambulancias y el personal médico entrasen en la zona para atender a estas tres personas. También hay informes que indican que varias personas están en paradero desconocido.

Algunos informes señalan que los manifestantes retuvieron presuntamente al menos a tres miembros de las fuerzas de seguridad. Por el momento Amnistía Internacional desconoce si siguen retenidos. La organización reconoce que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus compañeros, pero le preocupa la posibilidad de que se haga un uso excesivo de la fuerza para obtener la liberación de estos tres miembros de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que investiguen de inmediato las circunstancias que rodean el homicidio, así como la situación de los manifestantes en paradero desconocido. Además, la organización insta a las autoridades a que aseguren que las fuerzas de seguridad no emplean la fuerza excesiva y desproporcionada al responder a las manifestaciones. Amnistía Internacional sabe que, según informes, varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos el 16 de mayo, pero considera que esta circunstancia no debe ser utilizada como excusa para ignorar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contenidas en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la ONU.

Amnistía Internacional pide asimismo a los líderes de la comunidad que garanticen que los tres miembros de las fuerzas de seguridad retenidos sean liberados de inmediato sin sufrir daños, salvo que ya hayan sido liberados.

Información complementaria
El 16 de mayo de 2006 se celebraron manifestaciones en al menos 14 departamentos de todo el país, como parte de la Cumbre Nacional Itinerante de Organizaciones Sociales, en las que participaron activistas sociales y de derechos humanos, indígenas, campesinos, sindicalistas, afrocolombianos y grupos políticos de oposición.

Según la información publicada por la prensa, el gobernador de Cauca ha declarado que las manifestaciones fueron organizadas y respaldadas por fuerzas guerrilleras. En el pasado, las personas acusadas de colaborar con las fuerzas guerrilleras han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares. Miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han manifestado, por su parte, que esto no es cierto. Esta acusación suscita honda preocupación por la seguridad de los organizaciones de la manifestación.

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