AMNISTÍA INTERNACIONAL EE.UU.
COMUNICADO DE PRENSA

29 de marzo de 2006


(Ciudad de Guatemala)- Se ha producido un marcado aumento en el número de desalojos forzados, y a menudo violentos, de pobres e indígenas involucrados en conflictos por posesión de tierras rurales desde que el Presidente de Guatemala Oscar Berger asumiera en enero de 2004, declaró Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado hoy. Dado que el gobierno de los Estados Unidos brinda ayuda destinada a implementar los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996, comprendida la resolución de los conflictos por posesión de tierras, debería ayudar a garantizar el respaldo de los aspectos del conflicto por posesión de tierras de los Acuerdos, expresó la organización de derechos humanos.

Los Acuerdos de Paz de 1996- que pusieron fin a 36 años de violento conflicto armado interno- proporcionan un marco para resolver conflictos agrarios, entre ellos: aplicar leyes laborales en áreas rurales, aumentar la posesión de tierras para los campesinos; establecer mecanismos judiciales y no judiciales para la resolución de conflictos por posesión de tierras; prestar asistencia legal gratuita a trabajadores rurales y a sus organizaciones; mejorar el acceso a la justicia para los campesinos (que incluye la traducción del idioma para los indígenas) y promover un marco legal que reconozca la legislación indígena tradicional.

Hasta ahora, no se ha implantado ninguna de esas medidas.

"La población pobre, rural e indígena de Guatemala aún sufre una discriminación y violencia espantosas", declaró el Dr. William F. Schulz, director ejecutivo de Amnistía Internacional EE.UU. (AIUSA). "Es bochornoso que el Presidente Berger, quien ha tenido sobradas oportunidades para romper con este horrendo legado, haya hecho la vista gorda con el objeto de procurarse el gran capital. Los Estados Unidos deberían pensar dos veces acerca de las tentativas económicas con Guatemala hasta que haya pruebas contundentes de que la ayuda que prestamos se utiliza para implementar los Acuerdos de Paz."

De acuerdo con las cifras del gobierno, 1052 casos de conflictos agrarios permanecieron sin resolver en diciembre de 2005, comparado con 911 casos en octubre de 2004. En tres misiones a Guatemala entre 2004 y 2006, Amnistía Internacional observó discriminación generalizada y violaciones de los derechos humanos vinculadas a los conflictos por posesión de tierras, entre ellos intimidación y amenazas contra los campesinos, demoliciones de viviendas y la quema de pertenencias personales, palizas, tiroteos y abuso sexual.

Los conflictos por posesión de tierras emergen cuando los campesinos ocupan tierras para demandar sus derechos o cuando surgen preguntas sobre la posesión de tierras. Los conflictos agrarios a menudo son complejos; un estudio NO patrocinado enumeró 20 tipos de conflictos por posesión de tierras. El número de conflictos por derechos laborales se ha incrementado en los últimos años en gran parte debido a la baja de los precios del café y la pérdida de aproximadamente 108.000 empleos, dejando sin hogar y sin sustento a muchos campesinos que recibieron pequeñas parcelas de tierra de cultivo.

Una granja típica en Guatemala es labrada principalmente por los campesinos mayas cuyos salarios incluyen dinero en efectivo y una pequeña parcela de tierra tanto para vivir como para cultivar. Ellos son vulnerables a la salud financiera de la granja, a los cambios en los requisitos laborales y a los cambios de propiedad. Los campesinos no tienen donde ir cuando vencen sus contratos, ya que han vivido en la granja durante años, si no toda sus vidas.

Raramente se hace un esfuerzo por clarificar los hechos, los derechos respectivos de las partes y las violaciones específicas previas a un desalojo. La riqueza, la influencia y el acceso legal del terreno o los propietarios de granjas contrasta marcadamente con la pobreza de las comunidades campesinas, la marginalización y la falta de acceso o de conocimiento de los procesos legales relacionados con la posesión de tierras o la aplicación de derechos laborales.

Las autoridades policiales de todos los niveles confirmaron a AI que era una práctica común que los propietarios de granjas suministraran alimento y agua a los oficiales de policía durante los desalojos. Los propietarios de granjas y las autoridades policiales locales confirmaron a AI que también era común pagar los camiones y la gasolina, aunque las autoridades policiales nacionales lo negaron. Tales prácticas ponen de manifiesto la falta de imparcialidad de la policía.

Los casos del informe de Amnistía Internacional incluyen:

* La pequeña comunidad rural de Santa Inés, que actualmente se enfrenta a un posible tercer desalojo por parte de una persona que reclama la propiedad del terreno. A pesar de que varias agencias gubernamentales confirmen que la comunidad posee un derecho legítimo al terreno, se ha autorizado una orden de desalojo. Al menos 20 hogares fueron destruidos durante los dos desalojos anteriores. Mientras que la policía dice que estas casas fueron demolidas, las familias dicen que fueron quemadas. Los líderes de la comunidad de Santa Inés también han recibido amenazas de muerte. No se han investigado ni las amenazas ni las acusaciones de destrucción de propiedad.

En 2004, 90 familias de indígenas Q'eqchi de la granja Trece Aguas se negaron a abandonar la tierra de cultivo que consideraban una compensación justa por el pago de cesantía. El 19 de mayo, según alegan las familias, les dijeron que el dueño de la granja se reuniría con ellos; en cambio, vinieron entre 500 y 700 oficiales de policía y alrededor de 50 guardias de seguridad privada para desalojarlos. Los campesinos alegan que siete personas fueron heridas, entre ellos el anciano de 85 años Marcos Choc Choc, quien más tarde falleció de una lesión en la cabeza. Los campesinos alegan que la policía y los empleados de la granja derribaron sus casas con motosierras y luego, al caer éstas, las prendieron fuego. Quemaron sus pertenencias, entre ellas reservas de maíz. Destruyeron sus cultivos de chiles, calabaza y cardamomo.

"La destrucción de los hogares, las violaciones del debido proceso, incluso los asesinatos, se han llevado a cabo con impunidad", expresó Javier Zuñiga, Director del Programa para América en Amnistía Internacional, quien abordó el informe de AI en su lanzamiento en la Ciudad de Guatemala. "Al ignorar las obligaciones contraídas en los Acuerdos de Paz, las autoridades guatemaltecas se pierden de una oportunidad clave de procurar una solución duradera para la crisis de posesión de tierras."

Amnistía Internacional instó a las autoridades guatemaltecas a detener los desalojos de las comunidades rurales hasta que la legislación y las prácticas presentes, que son fundamentalmente injustas, parciales y defectuosas, sean revisadas.