Un muerto y 150 heridos en las protestas por la violación y asesinato de dos jóvenes en Jammu y Cachemira

10 junio 2009

Manifestantes en Jammu y Cachemira han mantenido las presiones al gobierno indio para que investigue a fondo las acusaciones de violación y asesinato de dos mujeres que recaen sobre miembros de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central. Una persona ha muerto y 150 han resultado heridas tras una semana de protestas en respuesta a la agresión sexual y el asesinato de dos mujeres jóvenes en Shopian el 30 de mayo.

“El origen de estas protestas está en la constante falta de disposición del gobierno indio a llevar ante la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad por graves violaciones de los derechos humanos –indica Sam Zafiri, director de las Secciones de Asia-Pacífico de Amnistía Internacional–. Hasta que el gobierno indio no señale a los responsables de la conducta de las fuerzas armadas en Cachemira, tendrá que seguir enfrentándose al descontento de la población”.

Dos mujeres, Aasiya Jan, de 22 años, y su cuñada Niloufer Jan, de 17, desaparecieron cuando se dirigían a cuidar el huerto frutícola familiar el 29 de mayo en Nagbal, cerca de Shopian. Sus cuerpos aparecieron separados al día siguiente en el Ranbi Ara, un arroyo cercano al campamento de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central.

Familiares y vecinos han acusado a miembros de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central de su participación en la agresión sexual y en los asesinatos, y han pedido que se abra una investigación.

Amnistía Internacional ha apelado a las autoridades indias para que lleve a cabo inmediatamente una investigación justa e imparcial sobre las denuncias de participación de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central en los asesinatos y agresiones sexuales de las dos mujeres.

La policía y las fuerzas paramilitares han recurrido a los disparos contra los manifestantes en diversos lugares, incluidos Shopian, Baramulla y Srinagar. Informes de los hospitales que han tratado a los heridos muestran que las fuerzas de seguridad han utilizado tanto munición cargada como balas de goma.

“Las autoridades deberían garantizar que las fuerzas de seguridad observan las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, en especial aquellas que se refieren al uso de la fuerza a la hora de actuar en manifestaciones. Cualquier circunstancia de uso excesivo de la fuerza debería ser sometido a una investigación imparcial”, indica Sam Zafiri.

Organizaciones locales en defensa de los derechos humanos y periodistas han informado a Amnistía Internacional de que de forma coordinada se han realizado intentos para eliminar pruebas de la agresión sexual a las dos mujeres. Además, la policía no ha interrogado a testigos potenciales, a pesar de que las autoridades estatales han ordenado una investigación judicial de los asesinatos.

Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones la derogación de las leyes sobre seguridad en vigor en Jammu y Cachemira, que otorgan impunidad a las fuerzas de seguridad mediante la concesión de competencias discrecionales y que, de hecho, les permiten violar los derechos humanos. Existen serias dudas sobre la eficacia de investigaciones anteriores exigidas por las autoridades en torno a violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios injustificados, desapariciones forzadas y agresiones sexuales a mujeres.

El 8 de junio la organización tuvo acceso a información que indicaba que al menos cuatro líderes de organizaciones separatistas cachemires habían sido detenidos arbitrariamente. Hasta el momento no se ha presentado ningún cargo contra ellos.

Se desconoce el paradero de Syed Ali Shah Geelani, uno de los líderes detenidos. Yasin Malik, Javed Mir y Mirwaiz Mohammad Umar Farooq fueron puestos bajo arresto domiciliario.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que revele los detalles de su detención, incluidos los relativos al trato que están recibiendo, y que deje en libertad inmediata a los detenidos a no ser que sean acusados de delitos comunes reconocibles. Además la organización ha indicado que deberían ser recluidos exclusivamente en centros de detención oficiales e identificados y que deberían ser llevados sin demora ante una autoridad judicial independiente.