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AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice de AI: AMR 41/014/2006 (Público)
Numero del Servicio de Noticias: 053
2 de marzo de 2006


México- Violaciones cometidas en el pasado: la impunidad no cesará hasta que las víctimas y sus familiares logren que se conozca la verdad y se haga justicia
A la espera de poder estudiar con detalle el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) recién filtrado, Amnistía Internacional considera que su contenido constata las informaciones documentadas por la organización. El informe pone de relieve las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta en México, tales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Además, el documento relata la forma en la que el Estado mexicano llevó a cabo los graves abusos, e indica cuáles fueron los sectores de la población más afectados.

Es de resaltar que las violaciones de derechos humanos tan graves documentadas en el borrador han sido acompañadas por una falta de respuesta del estado mexicano para garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares que continúa hoy en día.

El acceso a parte de los archivos de las instituciones involucradas en las violaciones le da al borrador del informe un sustento sólido. Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta que hasta la fecha no se haya permitido plenamente la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con información valiosa para el conocimiento de la verdad. Es importante que esta información sea accesible a víctimas y familiares y a toda la sociedad mexicana.

Por otra parte, sería un hecho muy grave si el contenido del borrador del informe fuera alterado con el objeto de ser más aceptable para las autoridades mexicanas o para cualquier otro interés. Es esencial que este informe sea un instrumento para lograr que se haga justicia y no para obstaculizarla.

Amnistía Internacional lamenta que la actual administración desestimara la creación de una Comisión de la Verdad para estudiar fehacientemente las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional que ocurrieron durante esa época. Más aún, que pudiera servir como un instrumento creíble e independiente para averiguar la verdad de estos hechos y para alcanzar la justicia. En su lugar, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que no gozó de los mecanismos y credibilidad necesarios para superar la impunidad que ha protegido a los responsables de las violaciones durante tanto tiempo. El contexto bajo el cual el informe se ha filtrado es una prueba más de las deficiencias de la Fiscalía Especial, la cual parece carecer de la confianza de sus propios funcionarios así como la de los familiares de las víctimas.

Para Amnistía Internacional el problema fundamental sigue siendo la aparente falta de voluntad del Estado Mexicano de asumir su responsabilidad de poner en práctica las medidas requeridas para esclarecer y enjuiciar las violaciones graves y sistemáticas cometidas por el Estado. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, incluyendo el ejército y la Procuraduría General de la República, no han asumido hasta ahora su responsabilidad de rendir cuentas ante las víctimas y ante la sociedad mexicana.

El informe asevera la responsabilidad del Estado de tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas y sus familiares de una vez por todas.

Información complementaria
Entre los años sesenta y los ochenta, los miembros de los grupos armados de oposición y otras personas a quienes las autoridades tenían por opositores políticos, como era el caso de los activistas políticos, estudiantes y los líderes sociales, fueron blanco específico de violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas, como la detención arbitraria, la tortura, la «desaparición» y la ejecución extrajudicial, principalmente por parte de elementos del Ejército. Durante dicho periodo «desaparecieron» más de 500 personas, la mayoría en el estado de Guerrero. Los responsables de estos crímenes de lesa humanidad nunca han sido llevados ante la justicia. El paradero de mucha de las víctimas continua siendo desconocido. Durante el mismo periodo grupos armados de oposición fueron también responsables de abusos.

En 2001 el presidente Vicente Fox ordenó la creación de una Fiscalía Especial encargada de investigar estos delitos, esclarecer la verdad y llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, ha habido pocos progresos desde entonces en lograr la justicia. El informe fue elaborado por el equipo de investigación histórica de la Fiscalía Especial y fue publicado recientemente en la página web del Archivo Nacional de Seguridad en Estados Unidos.




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