BRASIL
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL
Jefe del Estado y del gobierno: Fernando Henrique Cardoso
Capital: Brasilia
Población: 172,6 millones
Idioma oficial: portugués
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Tratados ratificados o firmados en el 2001: Protocolo Facultativo de la Convención de la onu sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
La tortura y los malos tratos siguieron constituyendo una práctica generalizada y sistemática en todo el sistema de justicia penal. Se empleaba tanto en el momento de la detención como durante la reclusión en comisarías de policía y prisiones, así como en centros de detención de menores. En varios estados se produjeron disturbios a gran escala en prisiones y centros de detención de menores, provocados fundamentalmente por problemas crónicos del sistema penal y condiciones de reclusión crueles, inhumanas y degradantes. Agentes de policía y «escuadrones de la muerte» vinculados a las fuerzas de seguridad fueron responsables de numerosos homicidios de civiles, niños incluidos, en circunstancias que hacían pensar en ejecuciones extrajudiciales. Los defensores de la reforma agraria y del medio ambiente y las comunidades indígenas de zonas rurales fueron víctimas de homicidios o agresiones perpetrados por policías militares o por hombres armados a sueldo de terratenientes locales. Los defensores de los derechos humanos continuaron siendo objeto de amenazas y ataques. Se celebraron algunos juicios importantes contra autores de violaciones de derechos humanos. No obstante, la mayoría de los responsables de estos abusos siguieron disfrutando de impunidad.
Información general
La delincuencia urbana siguió constituyendo un grave problema en todo el país. Los actos de violencia, relacionados a menudo con las drogas, se cobraron un elevado número de víctimas, sobre todo en las ciudades más populosas. Aumentó la presión popular en favor de una actuación policial más represiva. Las huelgas protagonizadas por la policía en varios estados revelaban un alto grado de descontento respecto al sueldo y las condiciones de trabajo de este cuerpo.
La prensa informó ampliamente sobre importantes escándalos de corrupción. Las investigaciones sobre casos de corrupción y conducta ilegal provocaron la dimisión de tres senadores, entre ellos el presidente y el ex presidente del Senado. Según los informes, en todo el país hubo amenazas y agresiones contra personas que investigaban o denunciaban casos de corrupción oficial.
Tortura y malos tratos
Continuaron las prácticas de tortura y malos tratos a manos de agentes de la policía civil y militar, guardias penitenciarios y miembros de las fuerzas armadas. Se recurría a ellas para obtener confesiones, para humillar y controlar a los detenidos y, cada vez más, para conseguir dinero. Aumentó el número de investigaciones policiales sobre denuncias de tortura, pero la cifra de condenas dictadas en aplicación de la Ley sobre la Tortura de 1997 continuaba siendo baja.
En abril, el relator especial de la onu sobre la cuestión de la tortura, en un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la onu sobre su visita a Brasil de agosto y septiembre del 2000, manifestó que la tortura y los malos tratos se empleaban «en forma general y sistemática». El informe citaba 348 casos de tortura y ponía de relieve los fallos del sistema de justicia penal que permitían gozar de impunidad a los responsables de estos abusos. En mayo, 10 años después del plazo establecido, el gobierno presentó su informe inicial al Comité de la onu contra la Tortura. Éste reconoció que el informe era claro y transparente, pero criticó el alcance de la práctica de tortura y el hecho de que las autoridades no hubieran castigado a los responsables.
En octubre, el gobierno federal lanzó una campaña publicitaria contra la tortura y puso en funcionamiento un servicio telefónico gratuito de ámbito nacional, atendido por una organización no gubernamental, para recibir llamadas anónimas denunciando actos de tortura. Entre los 518 casos que, según los informes, se denunciaron en el primer mes había algunos cuya autoría correspondía a la policía civil y militar o a miembros de la fiscalía. El gobierno anunció, asimismo, la creación de una comisión nacional encargada de investigar las denuncias de tortura y formular recomendaciones sobre posibles medidas para acabar con la tortura y la impunidad. A pesar de reconocer que esta campaña representaba un primer paso importante, muchas organizaciones no gubernamentales, incluida Amnistía Internacional, temían que no fuera suficiente para cumplir las recomendaciones de la onu y garantizar la puesta en práctica de las reformas necesarias para acabar con la impunidad de que disfrutaban los responsables de actos de tortura.
- En septiembre, 17 detenidos fueron presuntamente torturados en el centro de detención preventiva «Belém 2» de São Paulo por unos guardias que los acusaron de planear un intento de fuga. Según los informes, los mantuvieron encapuchados durante tres noches consecutivas, los sacaron de sus celdas y los golpearon durante periodos de hasta 45 minutos y apenas les proporcionaron atención médica para sus heridas. La Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de São Paulo informó a Amnistía Internacional de que los exámenes forenses iniciales no habían corroborado las denuncias, si bien los detenidos afirmaban que los reconocimientos habían sido superficiales.
- En octubre, unos agentes de la policía civil mantuvieron ilegalmente detenido a Francisco das Chagas Gomes de Sousa, de 26 años, en la Décima Comisaría de Policía de Teresina, en el estado de Piauí. Cuando quedó en libertad, cinco días después, presentaba cortes y contusiones por todo el cuerpo, tenía una rodilla dislocada y escupía sangre al toser, al parecer a consecuencia de las torturas sufridas a manos de determinados agentes. Murió al día siguiente en un hospital. Posteriormente, la policía federal encontró instrumentos de tortura en la comisaría, comprobó que la mayoría de las 800 personas que habían estado recluidas allí el año anterior habían sido detenidas arbitrariamente y sin conocimiento de las autoridades judiciales y recibió numerosos informes sobre torturas y extorsiones atribuidas a agentes de la policía civil. Su informe se remitió a la Fiscalía Federal.
Condiciones de reclusión y muertes bajo custodia
Las personas recluidas en comisarías de policía, centros de detención preventiva, prisiones y centros de detención de menores continuaron padeciendo condiciones crueles, inhumanas o degradantes. El grave hacinamiento, la reclusión ilegal de presos condenados en centros de detención preventiva, las deficientes prestaciones higiénicas y médicas, la falta de formación de un personal mal pagado, todo ello unido a la existencia de poderosas bandas de presos, dieron lugar con frecuencia a motines y enfrentamientos violentos. En más de 10 estados, las autoridades estatales, generalmente apoyadas por batallones de choque de la policía militar, sofocaron revueltas en prisiones, comisarías de policía y centros de detención de menores. La peor de todas tuvo lugar en febrero en São Paulo, al estallar una serie coordinada de motines en 29 centros de detención repartidos por todo el estado; 16 detenidos murieron, la mayoría a manos de otros reclusos.
Se recibieron numerosos informes de muertes bajo custodia debidas al uso de fuerza excesiva por parte de guardias y agentes de policía, a la falta de asistencia médica o a la violencia entre detenidos. Los intentos de resolver los problemas de las prisiones, como el proyecto para construir en São Paulo centros penitenciarios más manejables, se vieron obstaculizados, entre otras cosas, por la costumbre cada vez más extendida entre los jueces de dictar penas de prisión para delitos menores. En un estado que ya albergaba a más del 40 por ciento de la población reclusa de todo el país, el sistema penitenciario se vio obligado a absorber a 800 presos más por mes.
- En octubre, unos delegados de Amnistía Internacional visitaron en Belo Horizonte, Minas Gerais, dos comisarías de policía que carecían de instalaciones médicas e higiénicas y en las que el hacinamiento en las celdas era extremo debido a la reclusión ilegal de personas ya condenadas. En la Comisaría de la División de Drogas y Narcóticos, el hacinamiento había alcanzado el 1.000 por ciento, con 280 personas —el 80 por ciento de ellas ya condenadas— recluidas en un espacio concebido para 28. Los detenidos permanecían encerrados en celdas pequeñas y oscuras y sólo les permitían salir una hora cada dos semanas; algunos se veían obligados a utilizar platos desechables para defecar y orinar. Los reclusos de ambas comisarías denunciaron haber sufrido torturas. Los detenidos en la Comisaría de la División de Robos y Hurtos afirmaron que los guardias les habían aplicado descargas eléctricas, habían disparado hacia el interior de las celdas, los habían regado con chorros de agua fría a presión y habían utilizado otros métodos de tortura.
- En octubre, unos agentes de la policía militar fuertemente armados entraron en la penitenciaría estatal de Amapá, en Macapá, y, según los informes, le dispararon a un preso en la cabeza. Éste estaba en espera de ser juzgado por un cargo de agresión contra un policía militar. El agente presuntamente responsable dijo haber disparado en defensa propia. Según los informes, algunos testigos vieron cómo el preso era obligado a arrodillarse antes del disparo, pero al día siguiente, cuando intentaron informar de ello a la directora de la prisión, unos policías militares —que habían herido a dos detenidos disparándoles y habían asestado golpes y patadas a otros dos— les impidieron acercarse a ella.
Ejecuciones extrajudiciales y «escuadrones de la muerte»
Los agentes de la policía civil y militar continuaron siendo responsables de numerosas muertes, a menudo en circunstancias que hacían pensar en un uso de fuerza excesiva o en ejecuciones extrajudiciales. En São Paulo, la Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales recibió informes de 481 homicidios cometidos por la policía en el 2001. Los responsables eran, en su mayoría, agentes de la policía militar. Esta cifra era muy superior a la de 364 homicidios de los que se informó en el 2000. Los «escuadrones de la muerte» siguieron actuando impunemente en muchos estados, con la participación o la connivencia de la policía. En el estado de Bahía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó de que «escuadrones de la muerte», compuestos en su mayoría por policías civiles y militares que no estaban de servicio, habían matado a 159 personas en la ciudad de Salvador en los siete primeros meses del año. En varios estados, los defensores de los derechos humanos, políticos, periodistas y defensores del medio ambiente recibieron amenazas o fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a menudo por investigar o denunciar casos de corrupción oficial.
- El 7 de enero, el padre de
Luís Gustavo Romano denunció a la policía la
desaparición de su hijo. Había oído rumores de
que éste y Paulo Bezerra dos Santos, ambos de 16
años, habían participado en un tiroteo con agentes de
la policía militar en Jabaquara, en la ciudad de São
Paulo. Unos testigos presenciales afirmaron que los agentes
habían golpeado y detenido a los dos jóvenes en la
calle antes de llevárselos en un vehículo policial.
El 8 de enero, el cuerpo de Luís Gustavo fue encontrado en
un cruce de caminos y el de Paulo dos Santos apareció en un
bosque. Según los informes, los dos habían recibido
disparos y al menos uno de ellos presentaba señales de haber
recibido una paliza. La policía afirmó posteriormente
que los habían sorprendido intentando robar un
automóvil y que resultaron muertos en un tiroteo. Varios
agentes de la policía militar fueron detenidos, acusados de
matar a los dos jóvenes.
Los activistas campesinos sufrieron acoso y agresiones a manos de agentes de la policía militar que efectuaban operaciones de desalojo. La Comisión Pastoral de la Tierra informó de que, hasta el mes de septiembre, al menos 73 activistas campesinos habían recibido amenazas de muerte y 25 habían muerto a manos de mercenarios armados que a menudo parecían contar con el consentimiento de la policía y las autoridades locales.
En el sur del estado de Pará, que seguía siendo un foco de esclavitud, impunidad y violencia extrema debido a los conflictos de tierras, al menos nueve activistas campesinos fueron víctimas de homicidio. Tras una visita a la región, miembros de la Comisión Federal de Derechos Humanos informaron de que algunas empresas de seguridad privadas estaban ofreciendo abiertamente sus servicios como asesinos a sueldo.
- El 9 de julio, dos hombres armados mataron a José Pinheiro Lima, su esposa y su hijo de 15 años en su casa, próxima a la localidad de Marabá, en el sur de Pará. José Pinheiro era un miembro destacado del Sindicato de Trabajadores Rurales de Marabá, que representa a 120 familias cuyo derecho legítimo a tierras no cultivadas había sido disputado por un terrateniente local. Dos hombres sospechosos de ordenar la muerte de José Pinheiro y su familia fueron detenidos, pero quedaron en libertad unos días después. Uno de los presuntos autores de los homicidios también fue detenido, pero escapó de la policía en diciembre. Al acabar el año, las investigaciones policiales no habían experimentado ningún avance.
Las comunidades indígenas también fueron víctimas de amenazas, agresiones y homicidios en el contexto de los conflictos de tierras. Al menos 10 indígenas murieron a manos de la policía o de hombres armados contratados por terratenientes, que actuaban con el conocimiento o la aquiescencia de las autoridades, y muchos otros recibieron amenazas de muerte.
- El 23 de abril, el jefe xucuru Francisco de Assis Santana, también conocido como Chico Quelé, murió en Pesquerira, estado de Pernambuco, tras caer en una emboscada. Le dispararon dos veces con una escopeta de calibre 12. Chico Quelé se dirigía a una reunión con miembros de la Fundación Nacional del Indio (funai) —oficina gubernamental para cuestiones indígenas—, donde se iban a discutir las indemnizaciones que debían recibir los terratenientes locales cuya propiedad iba a ser demarcada como tierra indígena. La policía federal afirmó que estaba investigando la existencia de posibles conflictos internos entre los xucuru como móvil principal del homicidio. No obstante, según información recibida por Amnistía Internacional, existían indicios fundados para creer que la orden del homicidio había partido de un terrateniente local. Éste también era sospechoso de haber ordenado la muerte de Francisco de Assis Araújo, conocido como Chicão Xucuru, en mayo de 1998.
Impunidad
La lenta marcha de la justicia brasileña ha permitido que muchos perpetradores de abusos contra los derechos humanos queden impunes. No obstante, tras una sostenida presión de los activistas de derechos humanos, durante el 2001 se juzgaron algunos casos que se remontaban tiempo atrás.
Carandiru
En junio, el coronel Ubiratan Guimarães, ex alto cargo de la policía militar, fue condenado por cargos relacionados con la matanza, en 1992, de 111 reclusos en el centro de detención de Carandiru, tras un motín. En una decisión histórica, el jurado determinó que el coronel era responsable de los batallones de choque de la policía militar de São Paulo y que éstos habían entrado en la prisión con la intención de hacer todo el daño que fuera posible. Ubiratan Guimarães fue condenado a 632 años de cárcel, pero quedó en libertad en espera de la vista de apelación. Al acabar el año, otros 105 policías militares estaban en espera de ser juzgados por su participación en la matanza. Las autoridades de São Paulo anunciaron posteriormente su intención de cerrar la prisión de Carandiru para el comienzo del 2002.
Ticuna
En mayo, 13 hombres fueron declarados culpables de ordenar o perpetrar, en 1998, un ataque contra unos 100 indígenas ticuna junto al arroyo Capacete, estado de Amazonas, ataque en el que murieron 14 personas, entre ellas seis niños. Los acusados fueron condenados a penas de prisión que oscilaban entre los 15 y los 25 años. Varios de ellos fueron juzgados in absentia. Fueron las primeras condenas por genocidio dictadas por un tribunal en el estado de Amazonas.
Eldorado dos Carajás
En junio volvió a aplazarse el nuevo juicio de 153 agentes de la policía militar acusados de homicidio con agravantes. Se les imputaba la muerte, en 1996, de 19 activistas campesinos que se manifestaban en un camino del sur del estado de Pará. El tribunal no admitió las nuevas pruebas forenses presentadas por la acusación y encargó a unos peritos que llevaran a cabo exámenes adicionales. Los representantes de la acusación se quejaron de que el juez no había alegado motivos suficientes para rechazar los datos presentados y el testimonio de su especialista y apelaron contra su decisión. Al acabar el año no se había fijado fecha para el nuevo juicio.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
- Brasil: Comentarios al Informe Inicial de Brasil presentado al Comité contra la Tortura de la onu (Índice AI: AMR 19/016/2001/s)
- Brasil: «Nos tratan como animales». Tortura y malos tratos en Brasil: Deshumanización e impunidad en el sistema de justicia penal (Índice AI: AMR 19/022/2001/s)
- Brasil: ''People End Up Dying Here'' - Torture and ill-treatment in Brazil: Summary report (Indice AI: AMR 19/027/2001)
- Brasil: : «Nos tratan como animales». Casos de llamamiento: Tortura en Brasil (Índice AI: AMR 19/024/2001/s)
Visitas
Una delegación de Amnistía Internacional asistió al periodo de sesiones del Comité de la onu contra la Tortura celebrado en Ginebra en mayo. En octubre, una delegación de Amnistía Internacional visitó Brasil, donde presentó un informe sobre la tortura.
