Índice AI: EUR 44/010/2003/s (Público)
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No difundir hasta las 10:00 horas GMT del 26 de febrero de 2003
Turquía: La violencia sexual contra las mujeres detenidas debe ser erradicada
(Estambul) En Turquía, las mujeres bajo custodia corren el peligro de ser víctimas de la violencia sexual de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, ha advertido hoy, 26 de febrero, Amnistía Internacional en la presentación del informe Turkey: End sexual violence against women in custody!.
En el informe se explica cómo las mujeres de todos los niveles sociales y culturales son sometidas a abusos, agresiones y violaciones cuando están detenidas. En algunos casos existe especial peligro, sobre todo cuando se trata de mujeres de origen kurdo del sudeste del país y de mujeres con ideas políticas inaceptables para las autoridades o el ejército.
El informe se basa en una investigación llevada a cabo a lo largo de 2002, con visitas a Turquía en junio y septiembre de ese año. En la actualidad hay en Turquía un gobierno distinto del que estaba en el poder cuando se elaboró el informe.
«Las conclusiones del informe suponen un reto para que el gobierno convierta en realidad sus declaraciones sobre su compromiso con los derechos humanos», ha manifestado Amnistía Internacional.
«El nuevo gobierno no tiene que arrastrar el peso del anterior, puede tomar medidas concretas para solucionar el problema de la violencia sexual contra las mujeres.»
En Turquía continúa siendo muy difícil para las mujeres que han sido víctimas de actos de violencia sexual denunciar los hechos y conseguir que se haga justicia. El ostracismo, la discriminación social y la idea del «honor» se aúnan para silenciar a las sobrevivientes de la violencia sexual. Cuando los perpetradores son agentes del Estado, refuerzan una cultura de violencia y discriminación que pone a todas las mujeres en peligro.
A Amnistía Internacional le preocupa que los agentes del Estado puedan estar recurriendo a la tortura en forma de violación y agresión sexual sabiendo que las sobrevivientes probablemente no informarán de los hechos.
«De hecho, la violencia de los perpetradores, que actúan con impunidad, se dirige tanto a las sobrevivientes como a su comunidad», ha afirmado Amnistía Internacional.
Los informes recibidos por Amnistía Internacional indican que es frecuente que los agentes desnuden a las detenidas al interrogarlas bajo custodia policial o en la cárcel. En esta situación, las mujeres son muy vulnerables a la violencia y la humillación.
En Turquía se somete a las mujeres a «pruebas de virginidad» para castigarlas o humillarlas. Para muchas mujeres que han sido examinadas posteriormente y cuyo himen había desaparecido, estas pruebas han supuesto violencia, humillación y en alguna ocasión, la muerte. La mera amenaza de someterla a esta prueba puede ser suficiente para provocar en la víctima de la agresión sexual consecuencias psicológicas. Si se niega a someterse a ella, puede parecer que admite que su honor está «mancillado» y correr más peligro de ser agredida sexualmente.
En ocasiones, la mujer es sometida a actos de violencia sexual en presencia de su marido u otros miembros de su familia, al parecer para obligarlos a «confesar» o, utilizando cínicamente el concepto de «honor», para degradar a su familia y su comunidad.
En entrevistas realizadas a más de 100 presas en Diyarbakir, Mus, Mardin, Batman y Midyat, una comisión del Colegio de Abogadas de Diyarbakir determinó que casi todas las mujeres habían sido sometidas a «pruebas de virginidad» y casi todas también habían sufrido alguna forma de abuso sexual, de índole verbal o física, bajo custodia policial.
«A la violencia y la agresión sexual se añade el que las autoridades no proporcionan resarcimiento ni protección», ha declarado Amnistía Internacional.
Las sobrevivientes de la violencia sexual ven agravada su situación con el ostracismo al que son condenadas. En otros casos se han visto obligadas a huir de sus hogares, con o sin su familia. Muchas no desvelan la agresión sexual porque consideran que, aunque informen de ella, sus autores no serán castigados.
De hecho, las mujeres que denuncian la violencia sexual de los agentes estatales corren peligro de sufrir más abusos y han sido víctimas de actuaciones legales, amenazas y encarcelamiento. Asimismo los abogados que representan a mujeres agredidas sexualmente bajo custodia han sido víctimas de la persecución del Estado, de sus colegas y de los medios de comunicación.
Las mujeres tienen especialmente difícil conseguir el resarcimiento cuando los autores de la violencia sexual han sido agentes estatales, tanto por la escasez de los encausamientos como porque la ley que rige el encausamiento de los funcionarios estatales supone que éstos tienen más probabilidad de poder beneficiarse del estatuto de prescripción que otros particulares acusados de delitos comunes. En la actualidad, una vez pasado un periodo de tiempo desde la comisión del delito, un particular no puede ser condenado por él.
«Las largas demoras de los procedimientos judiciales no sólo retrasan la justicia, sino que contribuyen a que los autores de los delitos no respondan en absoluto ante ella», ha afirmado Amnistía Internacional.
La discriminación contra la mujer y la agresión sexual de las mujeres están relacionadas. Cuando personas que representan al Estado expresan actitudes discriminatorias, no sólo están incumpliendo su obligación de hacer respetar los derechos de la mujer, sino que, en opinión de Amnistía Internacional, pueden estar contribuyendo a que se perpetúe una cultura de violencia contra la mujer.
«Cuando los agentes estatales cometen actos de violencia contra las mujeres transmiten un mensaje claro de aprobación de este tipo de actos en todas las esferas —oficial, familiar e individual—, lo cual coloca a la mujer en una situación de riesgo.»
«Es preciso tomar medidas ante esta situación.»
Amnistía Internacional pidió al gobierno turco que emprenda amplias medidas para terminar con la violencia sexual contra la mujer, como:
poner
fin a la práctica de vendar los ojos y desnudar a las
detenidas durante el interrogatorio;
poner fin a la práctica de las detenidas sean sometidas a registros corporales sin ropa por funcionarios
terminar con la práctica de vendar los ojos bajo custodia policial;
hacer que los responsables de violaciones de derechos humanos, tanto sus autores materiales como quienes las ordenan, comparezcan ante la justicia.
poner fin a la práctica de las detenidas sean sometidas a registros corporales sin ropa por funcionarios
terminar con la práctica de vendar los ojos bajo custodia policial;
hacer que los responsables de violaciones de derechos humanos, tanto sus autores materiales como quienes las ordenan, comparezcan ante la justicia.
Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con Judit Arenas en el teléfono + 44 7778 472 188.
Documento público
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