SUDAN
REPUBLICA DE SUDAN
Jefe del Estado y del gobierno: Omar Hassan Ahmad al Bashir
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado
Hasta la firma en octubre de un acuerdo de alto el fuego se cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos en el contexto de la guerra. Las fuerzas gubernamentales, el Ejército de Liberación Popular de Sudán y los grupos armados aliados con ambos bandos del conflicto mataron, secuestraron y violaron a civiles, destruyeron viviendas y cosechas, mataron al ganado y restringieron el acceso a la ayuda humanitaria. Durante todo el año, grupos armados atacaron poblados y mataron e hirieron a civiles en Darfur, en el oeste de Sudán. Decenas de miles de sudaneses se vieron obligados a desplazarse dentro del país y padecieron hambre debido a los frecuentes cortes y restricciones en el suministro de ayuda humanitaria. En las zonas controladas por el gobierno, las fuerzas de seguridad detuvieron y acosaron a defensores de los derechos humanos y a detractores del gobierno. La mayoría de las personas detenidas permanecieron recluidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio durante periodos prolongados, y varias sufrieron torturas bajo custodia. Según informes, se ejecutó al menos a 40 personas y se dictaron más de 120 condenas de muerte. Decenas de sudaneses fueron condenados a penas crueles, inhumanas o degradantes, como la flagelación o la amputación de miembros. Hubo frecuentes juicios sumarios que incumplían flagrantemente las normas de justicia procesal. Los tribunales especiales de la región de Darfur siguieron imponiendo condenas de muerte tras juicios sumarios.
Información general
Continuaron las negociaciones de
paz. El gobierno -sudanés y el Ejército de
Liberación Popular de Sudán acep-taron cuatro puntos
del compromiso de paz propuesto por el enviado especial de Estados
Unidos en Sudán. De resultas de este compromiso, en enero se
acordó un alto el fuego bajo vigilancia internacional en las
montañas Nuba, que se renovó en julio. En marzo, el
gobierno y el Ejército de Liberación Popular firmaron
un compromiso, que sería verificado por un equipo
internacional, de no atacar objetivos civiles. Se creó una
comisión internacional encargada de investigar la esclavitud
en Sudán, que en mayo presentó un informe.
Además, ambas partes del conflicto accedieron a permitir que
las organizaciones humanitarias pusieran en práctica
programas de atención médica en «zonas
tranquilas». Sin embargo, estos acuerdos no siempre se
respetaron, como lo demuestra el hecho de que continuaron los
ataques a civiles, así como las violaciones del derecho
internacional humanitario.
En las zonas ricas en petróleo continuaron los
enfrentamientos entre los dos bandos, compuestos uno por las
fuerzas gubernamentales y los grupos armados, y el otro por el
Ejército de Liberación Popular y el Frente
Democrático Popular de Sudán-Fuerza de Defensa de
Riek Machar, que se había aliado con el Ejército de
Liberación en enero.
En el este de Sudán, la oposición armada al gobierno
estaba encabezada por la Alianza Nacional Democrática,
fuerza dirigida por ocho partidos políticos del norte y
aliada con el Ejército de Liberación Popular.
Según informes, también se registraron
enfrentamientos entre fuerzas armadas eritreas y fuerzas
gubernamentales de Sudán.
El 20 de julio, el gobierno y el Ejército de
Liberación firmaron un protocolo de paz en Machakos, Kenia,
auspiciado por la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo
(agrupación regional de la Unión Africana) y
mediadores internacionales. El proceso de paz se detuvo el 1 de
septiembre —cuando el Ejército de Liberación
capturó Torit, en la provincia de Equatoria, y el gobierno
prohibió fletar aviones de ayuda humanitaria a la
zona— para reanudarse en octubre, después de que el
gobierno recuperó la ciudad. El 17 de octubre, ambas partes
firmaron un alto el fuego, y el 26 de ese mismo mes pactaron no
poner ningún impedimento al acceso de ayuda humanitaria
internacional. En noviembre, el gobierno y el Ejército de
Liberación firmaron un Memorando de Entendimiento.
Las organizaciones de la sociedad civil protestaron por verse
excluidas de las conversaciones de paz. A pesar de las menciones a
los derechos humanos en el protocolo de Machakos, ambas partes
siguieron restringiendo tales derechos o cometiendo abusos en su
contra. En diciembre, el gobierno renovó el estado de
excepción.
En abril, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas renovó el mandato del relator especial sobre la
situación de los derechos humanos en Sudán, que
visitó el país en octubre. En septiembre, el
Comité de los Derechos del Niño examinó el
segundo informe periódico de Sudán.
Homicidios
ilegítimos
Tanto las fuerzas
gubernamentales como los grupos armados de oposición
convirtieron a la población civil en objeto directo e
indiscriminado de ataques y, según informes, llevaron a cabo
ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la guerra civil. Se
recibieron informes de al menos 85 casos de bombardeos
aéreos desde helicópteros de combate y aviones
Antonov del gobierno contra objetivos civiles. Según los
informes, más de 470 civiles murieron en mayo a manos del
Ejército de Resistencia del Señor (véase el
apartado sobre Uganda).
En diciembre, la primera investigación iniciada en virtud de
las disposiciones del acuerdo de marzo relativas a no matar a
civiles concluyó que el gobierno no había elegido a
la población civil como objetivo deliberado en un ataque
llevado a cabo en septiembre en el que murieron 12 civiles. El
informe también señaló que el Ejército
de Liberación Popular de Sudán había empleado
armas cerca de zonas de población civil.
El 21 de febrero, un
helicóptero de combate del gobierno mató a 24 civiles
en Bieh, causó heridas a muchos más e impidió
una operación de distribución de alimentos del
Programa Mundial de Alimentos. El ataque tuvo lugar a pesar de que
el gobierno había dado permiso a las operaciones del
Programa Mundial de Alimentos en Bieh ese día, dentro del
marco del trabajo de Operación Salvar Sudán, una
agrupación de organizaciones que proporciona ayuda
humanitaria a los civiles del sur de Sudán. El gobierno
anunció la apertura de una investigación, pero al
terminar el año no se había hecho público
resultado alguno.
Según informes, las fuerzas del Ejército de
Liberación Popular de Sudán ejecutaron sumariamente a
varios soldados gubernamentales a los que habían capturado
tras apoderarse de Torit a principios de septiembre.
Hombres armados pertenecientes a grupos nómadas atacaron a
decenas de poblados en Darfur, en los que mataron e hirieron a
decenas de civiles, sobre todo del grupo étnico fur, y en
los que destruyeron viviendas y mataron ganado prácticamente
con total impunidad. En abril, un grupo armado mató a 17
personas en un ataque al poblado de Shobe. Se detuvo al menos a
ocho habitantes del poblado, incluidos algunos que habían
protestado ante las autoridades por el ataque. Todos ellos
permanecieron recluidos sin cargos hasta siete meses antes de ser
puestos en libertad.
Desplazamiento interno
Los ataques contra civiles
y la destrucción de viviendas, rebaños y cosechas
provocaron la huida y el desplazamiento de decenas de miles de
personas. Los desplazados no tenían medios de subsistencia y
las agencias de ayuda humanitaria no pudieron acceder a muchos de
ellos debido a la inseguridad o a las restricciones gubernamentales
a los vuelos de ayuda humanitaria.
En agosto, las agencias de ayuda humanitaria informaron de que alrededor de 127.000 personas desplazadas por los enfrentamientos en el Alto Nilo Occidental habían huido a los distritos de Gogrial y Twic, en el norte del estado de Bahr al Ghazal. Su llegada añadió mayor presión a una situación ya de por sí precaria, en lo que se refiere a los alimentos.
Tortura
Siguieron
recibiéndose informes de casos de tortura a manos de
miembros de las fuerzas de seguridad.
Según informes, a 14
estudiantes de la Universidad de Bahr al Ghazal, en Jartum,
detenidos a raíz de las violentas manifestaciones celebradas
en octubre, les afeitaron la barba y los golpearon con mangueras
mientras estaban bajo custodia. Al parecer, las detenciones
tuvieron lugar tras un violento enfrentamiento anterior en el
recinto universitario, entre estudiantes y dos agentes de
seguridad, que la policía dispersó con gas
lacrimógeno y balas de goma.
Yaser Mohamed al-Hassan Osman, subsecretario de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Jartum, fue detenido el 26 de octubre
y permaneció recluido dos días. Según
informes, mientras estaba bajo custodia, miembros de las fuerzas de
seguridad se pusieron de pie sobre su pecho y su vejiga y lo
golpearon con una barra de hierro hasta dejarlo inconsciente. Tras
quedar en libertad, tuvo que recibir cuidados intensivos en el
Hospital de Jartum. Había sido detenido junto a decenas de
estudiantes tras los violentos enfrentamientos que estallaron el 22
y 23 de octubre entre estudiantes de la Universidad de Jartum y
policías antidisturbios armados con porras y balas de
goma.
Pena de muerte
Según informes, al
menos 40 personas fueron ejecutadas y se condenó a muerte al
menos a otras 120. Se dictaron más de 90 nuevas condenas de
muerte tras juicios sin garantías en tribunales especiales
de la región de Darfur. Estos tribunales, creados por
decreto presidencial en el año 2001 para juzgar delitos
relacionados con «bandidaje armado», impusieron penas
de muerte y otras penas crueles, inhumanas y degradantes tras
juicios sumarios ante jueces militares, a menudo sin permitir que
los acusados contaran con asistencia letrada.
El 17 de julio, un tribunal
especial de Nyala, en el sur de Darfur, condenó a muerte a
88 personas por delitos como asesinato, robo a mano armada y
alteración del orden público. Según los
informes, entre los condenados había dos niños de 14
años, Gadim Hamdoum Hamid y Kabashi Alayan. Hubo 36
acusados, de un total aproximado de 130, la mayoría del
grupo étnico rizeigat, que denunciaron haber sido golpeados
en junio con mangueras y culatas de armas mientras
permanecían en prisión preventiva. Sus abogados se
retiraron después de que el tribunal se negó a
permitir que se realizara un examen médico a sus clientes.
La condena estaba pendiente del resultado de la
apelación.
En noviembre se rechazó el recurso final de Mohamed Ibrahim,
Sadul Adam Abdelrahman, Abdullah Rabhi, Mohamed Hamid Ahmed y
Mohamed Issa Tiue, condenados a sufrir amputación cruzada
(de una mano y el pie contrario) y a morir ahorcados a
continuación. En 1999 habían sido declarados
culpables de robo a mano armada en un juicio sin garantías
celebrado en Nyala, Darfur, en el que, según informes, no
les permitieron contar con asistencia letrada.
En febrero, la condena a muerte por lapidación dictada por
un tribunal penal de Nyala contra Abok Alfa Akok, mujer no
musulmana perteneciente al grupo étnico dinka, quedó
reducida en apelación a 75 latigazos. La sentencia se
ejecutó de inmediato.
Derechos de la mujer
Las mujeres siguieron
siendo víctimas de violaciones y secuestros en el contexto
de la guerra civil. No se procesó a los presuntos autores de
actos de violencia sexual. Además, en las zonas controladas
por el gobierno, las mujeres sufrieron tratos crueles, inhumanos o
degradantes por acusaciones de adulterio, sin que los hombres
implicados recibieran por lo general castigo alguno. En el norte
del país, los agentes de policía siguieron acosando y
maltratando a las mujeres al aplicar la Ley de Orden
Público, que restringe la libertad de circulación, de
conducta y de vestimenta de las mujeres.
En noviembre, al menos 14 mujeres del poblado de Munwashi, cerca de Nyala, en Darfur, fueron declaradas culpables de adulterio y condenadas a recibir 100 latigazos cada una. También se detuvo por adulterio a otras tres mujeres de la misma zona, pero al terminar el año no había informes de que se las hubiera procesado.
Reclusión en
régimen de incomunicación sin cargos
Las fuerzas de seguridad
detuvieron a decenas de presuntos detractores del gobierno. Muchos
permanecieron recluidos en régimen de incomunicación
durante periodos prolongados sin cargos ni juicio.
En octubre, los agentes del
servicio militar de información detuvieron en Aweil, capital
del estado de Bahr al Ghazal, a nueve funcionarios públicos
de etnia dinka, entre los que se encontraban Garang Wek Atheny y
Gabriel Akol Akol Kuc, así como a Ahmad Labuo, de
profesión comerciante. Todos ellos quedaron en libertad el
12 de diciembre tras permanecer 53 días en régimen de
incomunicación.
Hassan al-Turabi, ex presidente y líder del Congreso
Nacional Popular, permaneció privado de libertad todo el
año. El Tribunal Constitucional resolvió en agosto
que su reclusión era inconstitucional pero inmediatamente se
dictó un decreto presidencial de emergencia por el que se
ampliaba su detención un año más. Otros
más de 30 miembros del Congreso Nacional Popular, detenidos
entre mayo y septiembre, permane-cían recluidos sin cargos
ni juicio al terminar el año.
Secuestros y esclavitud
En mayo, una
comisión internacional de personas eminentes, encabezada por
Estados Unidos y creada en diciembre de 2001 para investigar casos
de esclavitud, secuestro y servidumbre forzada, emitió un
informe en el que señalaba que algunas relaciones de
explotación se ajustaban a la definición de
esclavitud expuesta en tratados internacionales, y en el que
formulaba una serie de recomendaciones para poner fin a tal
práctica. El gobierno siguió negando que en su
país hubiera esclavos.
El Comité para la Erradicación del Secuestro de
Mujeres y Niños, creado por el gobierno en 1999, pasó
a estar bajo control directo del presidente. El Comité
informó de que había logrado la liberación de
150 personas secuestradas. Sin embargo, no había noticia de
que se hubiera procesado a ningún presunto responsable de
tales secuestros.
Restricciones a la libertad de
expresión y de asociación
A pesar de cierta
relajación en las restricciones de las actividades
políticas y de que el gobierno anunció en diciembre
de 2001 el levantamiento de la censura a los medios de
comuni-ca-ción, tanto el gobierno como las fuerzas de
seguridad siguieron limitando la libertad de expresión y de
asociación. Las autoridades utilizaron artículos
restrictivos o vagamente redactados del Código Penal y de la
Ley de Prensa de 1999 para detener a periodistas y directores de
periódicos y para confiscar periódicos, suspender su
tirada o imponerles multas. Se impusieron sanciones por escribir o
publicar artículos que criticaban al gobierno o por comentar
un amplio espectro de cuestiones, como el sida y la ablación femenina.
En febrero, en Jartum, las fuerzas
de seguridad negaron a los Hermanos Republicanos, recién
inscritos en registro de acuerdo con la Ley de Asociaciones
Políticas del gobierno, el permiso que habían
solicitado para celebrar una reunión en la que
pretendían conmemorar el aniversario de la ejecución
en 1985 de su líder espiritual, Mahmoud Mohamed
Taha.
En septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Osman
Mirghani, columnista del diario con sede en Jartum Al-Ra'y al-'Am, después de que se emitiera por el
canal de televisión Al Yazira, con sede en Qatar, una
entrevista en la que había criticado al gobierno
sudanés por abandonar las negociaciones de paz. Lo
recluyeron durante dos días para interrogarlo y luego lo
dejaron en libertad sin cargos.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Declaración
pública
• Sudan: Human rights agenda for
lasting peace
(Indice AI: AFR
54/018/2002)
