SUDAN
REPUBLICA DE SUDAN
Jefe del Estado y del gobierno: Omar Hassan Ahmad al Bashir
Capital: Jartum
Población: 31,8 millones
Idioma oficial: árabe
Pena de muerte: retencionista
El conflicto que se libraba desde hacía 18 años entre el gobierno y sus fuerzas aliadas y el Ejército Popular de Liberación de Sudán y otros grupos armados de oposición siguió cobrándose la vida de civiles, en muchos casos como resultado de bombardeos indiscriminados o de ataques directos por parte de las fuerzas del gobierno y de sus milicias aliadas. En las zonas de guerra, todas las partes enfrentadas en el conflicto cometieron impunemente abusos contra los derechos humanos como ejecuciones sumarias y arbitrarias, torturas, secuestros y violencia sexual contra las mujeres y reclutamientos forzosos de niños en las fuerzas de combate. Decenas de miles de personas quedaron desplazadas internamente y padecieron hambre, dado que los suministros humanitarios se vieron afectados por la falta de seguridad imperante. Según los informes, en el territorio controlado por el gobierno las fuerzas de seguridad torturaron
a los detenidos y utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, en ocasiones con resultado de muerte. Se recluyó arbitrariamente, sin cargos ni juicio, a los adversarios políticos durante periodos prolongados, y se acosó e intimidó a abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos. Continuaron en vigor las restricciones a las libertades de asociación, reunión y expresión. Se llevaron a cabo al menos tres ejecuciones y, según los informes, se dictaron al menos 26 penas de muerte.
Información general
La lucha por el control de los campos petrolíferos de las regiones del Alto Nilo y del Nilo Azul meridional siguió impulsando la guerra civil. El Ejército Popular de Liberación de Sudán (epls) atacó las instalaciones petrolíferas respaldadas por el gobierno, mientras que las fuerzas gubernamentales aumentaron los bombardeos aéreos y las milicias progubernamentales atacaron a la población civil, aparentemente para desplazarla de las zonas con actividades petrolíferas. El gobierno y el epls siguieron armando y prestando apoyo a las milicias de la comunidad nuer, lo que intensificó la lucha entre facciones, las tensiones étnicas y los ataques contra la población civil. En mayo se produjo una escisión en el Frente Democrático Popular de Sudán-Fuerza de Defensa, el principal grupo armado nuer, tras la firma por parte de algunos de sus jefes de un memorándum de entendimiento con el epls.
Sudán logró una mayor aceptación en el ámbito internacional. La Unión Europea prosiguió su diálogo con las autoridades sudanesas, y en mayo Sudán obtuvo un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la onu. El gobierno condenó los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y, según los informes, detuvo a algunos sospechosos a petición de las autoridades estadounidenses. El 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la onu levantó las sanciones contra Sudán. El gobierno de Estados Unidos no vetó el levantamiento de las sanciones impuestas por la onu, pero prolongó otro año las sanciones bilaterales que había impuesto en 1989. Se pusieron en marcha nuevas iniciativas para llevar a negociaciones de paz a las partes enfrentadas en el conflicto interno.
Bombardeos indiscriminados contra la población civil
Se informó de más de 100 casos de bombardeos de la fuerza aérea en las regiones del Alto Nilo, el Nilo Azul meridional, Bahr-el-Ghazal, Kordofan meridional y Ecuatoria, que causaron muertos y heridos entre la población civil. Los soldados soltaban las bombas manualmente desde la parte trasera de aviones de combate y de aviones de vuelo a gran altura sin que parecieran intentar distinguir entre objetivos militares y civiles. Se destruyeron viviendas y centros de salud, y la labor de las operaciones de ayuda humanitaria se vio dificultada.
- En enero y febrero se bombardearon zonas bajo el control del epls en el Nilo Azul meridional. El 11 de enero se lanzaron cuatro bombas contra Kurmuk que acabaron con la vida de tres civiles, causaron daños en el hospital local y provocaron la evacuación temporal del personal dedicado a la ayuda humanitaria. Ese mismo día se lanzaron 12 bombas contra Yabus, como resultado de las cuales murieron tres civiles y un centro de mujeres resultó dañado.
- El 26 de noviembre, según
los informes, las fuerzas gubernamentales lanzaron seis bombas
contra Malual Kon, que acabaron con la vida de dos civiles, y tres
bombas entre Malhualbai y Madhol, al este de Malual Kon, que
mataron a otros dos más.
Tanto las fuerzas gubernamentales como las de la oposición armada cometieron homicidios ilegítimos de civiles.
- En enero, según los informes, las fuerzas progubernamentales atacaron cuatro pueblos cerca de Guelguk, en el Nilo Azul meridional, para desplazar a la población y permitir la explotación de una nueva concesión petrolífera. Según los informes, murieron al menos 11 civiles en Dhowanyawa y 12 en Tenykak, entre ellos seis ancianos y siete niños. Al parecer, los agresores persiguieron y mataron a tiros a los residentes que huían.
- En mayo, en el curso de una importante ofensiva contra las zonas controladas por el epls en los Montes Nuba, las fuerzas gubernamentales, según los informes, lanzaron ataques aéreos y terrestres contra asentamientos civiles. Según los informes, en tres pueblos cercanos a Heiban se dio muerte a civiles, se quemaron casas y cosechas y se saquearon propiedades. Asimismo, se recibieron informes según los cuales los soldados habían quemado vivos a dos ancianos en su casa de Karda.
- En noviembre, según los informes, las Fuerzas Populares de Defensa, grupo paramilitar, mataron en su casa al juez Mulana Agustinho al Nur Shamila.
Desplazamiento interno
Decenas de miles de personas huyeron de los ataques directos de las fuerzas gubernamentales y de las fuerzas rebeldes en el Alto Nilo y en Bahr-el-Ghazal, y de las ofensivas gubernamentales en los Montes Nuba y en el Nilo Azul meridional. Las organizaciones de ayuda humanitaria no pudieron acceder a muchas zonas a causa del conflicto o porque el gobierno obstaculizó los vuelos de ayuda humanitaria.
En las zonas en disputa del Alto Nilo y del Nilo Azul meridional, ricas en petróleo, decenas de miles de habitantes tuvieron que huir a causa de los ataques de las fuerzas gubernamentales y de las fuerzas rebeldes. Con sus familiares muertos o heridos, las casas y las cosechas destruidas y el ganado robado o muerto, muchos no tenían medios para subsistir.
- En mayo y junio, en Bahr-el-Gazal, los ataques del epls contra las localidades de Raga y Deim Zubeir, controladas por el gobierno, provocaron, según cálculos de la onu, el desplazamiento de unas 50.000 personas. Muchas huyeron a Darfur Meridional, región que ya venía padeciendo una prolongada sequía. Otras continuaron en las zonas circundantes, con el riesgo consiguiente de sufrir bombardeos y ataques. En octubre, en el curso de una contraofensiva, la fuerza aérea bombardeó Mangayath, interrumpiendo las entregas de ayuda humanitaria a más de 20.000 personas desplazadas, que se vieron obligadas a huir de nuevo.
Abusos contra mujeres y niños
Según los informes, todas las partes enfrentadas en el conflicto llevaron a cabo secuestros y violaciones de mujeres y menores y reclutaron a la fuerza a niños para los combates.
Los informes indican que los soldados secuestraron y violaron reiteradamente a mujeres y niñas que viajaban a pie por los caminos del Alto Nilo entre abril y junio. La gran mayoría de los casos de violación quedaron sin denunciar a causa del clima de temor y la ausencia de mecanismos que se ocupasen de ellas. Según los informes, las Fuerzas Populares de Defensa y las milicias muraheleen, aliadas del gobierno y reclutadas entre las tribus baggaras, mantuvieron recluidos a mujeres y niños capturados en sus incursiones en condiciones equiparables a la esclavitud, utilizándolos para labores domésticas y agrícolas. Según los informes, siguieron sin aparecer miles de mujeres y niños secuestrados a lo largo de los 18 años de conflicto, a pesar de la existencia desde 1999 de un organismo gubernamental, el Comité para la Erradicación del Secuestro de Mujeres y Niños, encargado de localizarlos y reunirlos con sus familias. Al parecer, el epls y sus fuerzas aliadas también secuestraron y violaron a mujeres y niñas.
- En noviembre, el secuestro de una trabajadora de ayuda humanitaria keniana por parte de tropas de las Fuerzas Populares de Defensa en Bahr-el-Ghazal puso de manifiesto los reiterados secuestros que este grupo y los muraheleen llevaban a cabo a lo largo de la línea férrea de Babanusa a Wau. La mujer fue puesta en libertad al cabo de dos semanas.
Derechos de la mujer
En enero, según los informes, el presidente manifestó que Sudán no firmaría la Convención de la onu sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer porque era contraria a los valores familiares sudaneses. También en enero, mediante un decreto de enmienda a la Ley Laboral, se prohibió a las mujeres llevar a cabo trabajos físicos esforzados. Al concluir el 2001, el Tribunal Constitucional no se había pronunciado sobre la constitucionalidad de un decreto del 2000, por el que se prohibía a las mujeres trabajar en lugares públicos en Jartum, que había sido impugnado en los tribunales y suspendido posteriormente.
Las mujeres del estado de Jartum siguieron siendo acosadas y maltratadas por la policía en aplicación de la Ley de Orden Público, que restringe la libertad de circulación de las mujeres y regula su comportamiento y vestimenta so pena de juicios sumarios, flagelación y reclusión.
Tortura y penas crueles
Las fuerzas de seguridad torturaron a presuntos opositores al gobierno.
- Según los informes, tras ser detenido en julio en Rodom, Darfur Meridional, Sebit Hassan Ramada fue golpeado a diario durante los 16 días que estuvo recluido en régimen de incomunicación en Buram. Los informes indican asimismo que a Haggar Sesingere, que también fue detenido en julio en Rodom y pasó seis semanas recluido en régimen de incomunicación, lo golpearon y le arrancaron las uñas.
Los tribunales dictaron penas severas en el curso de juicios sumarios y carentes de las debidas garantías.
- El 25 y el 27 de enero a cinco hombres les amputaron la mano derecha y la pierna izquierda en la prisión de Kober, Jartum, tras ser declarados culpables de robo a mano armada. Al finalizar el año, no se había ejecutado la misma pena de «amputación cruzada» impuesta a la vez a otros 19 hombres.
- En abril se propinaron entre 15 y 20 latigazos a cada uno de los miembros de un grupo de 56 cristianos, entre los que había seis mujeres y tres niños, a los que se había declarado culpables de desorden público en un juicio sumario celebrado en Jartum en el que se les denegó asistencia letrada. Los habían detenido en el curso de una congregación celebrada en un importante templo de la capital, y la policía utilizó gas lacrimógeno y fuego real para dispersar a las personas congregadas en el interior.
Pena de muerte
Tres hombres fueron ejecutados y en diciembre se dictaron no menos de 26 penas de muerte en Darfur.
- Abok Alfa Akok, de religión
no musulmana, fue declarada culpable de adulterio y condenada a
muerte mediante lapidación por un tribunal de Darfur
Meridional que la juzgó de acuerdo con la ley
islámica. El juicio no cumplió las normas
internacionales. Estaba prevista la presentación de un
recurso contra la sentencia.
La policía y los servicios de seguridad utilizaron munición real, gas lacrimógeno y propinaron golpes con palos durante las detenciones y al disolver las reuniones y manifestaciones públicas, lo que ocasionó muertes y lesiones.
- No hubo constancia de que se hubiera llevado a cabo ninguna investigación sobre los homicidios cometidos en agosto por la policía y los servicios de seguridad en la universidad de Al Gezira, en Medani. Dos estudiantes, Mutasim Mohamed El Hassan y Yahia El Hussain, fueron muertos a tiros y otros 16 resultaron heridos en el curso de enfrentamientos registrados entre los estudiantes y la policía armada tras producirse violentos enfrentamientos entre estudiantes de diferentes filiaciones políticas.
- El 24 de mayo, agentes de seguridad mataron a tiros cerca de su casa a Ali Ahmed al Bashir, miembro del Congreso Nacional Popular. Tras las protestas públicas, el gobierno ordenó una investigación sobre la muerte y tres agentes fueron suspendidos de sus funciones, acusados de asesinato y enjuiciados en septiembre. Posteriormente también se acusó de asesinato a otros tres agentes.
Detenciones por motivos políticos
Las autoridades detuvieron a adversarios políticos, abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos en virtud de una enmienda aprobada en diciembre del 2000 a la Ley de Seguridad Nacional. La enmienda permitía a los servicios de seguridad mantener recluida sin cargos ni juicios durante periodos renovables de 123 días a cualquier persona sospechosa de «conspirar contra el Estado». En la enmienda se denegaba expresamente a los detenidos el derecho al recurso judicial. En octubre se dejó en libertad a algunos detenidos por motivos políticos y se retiraron los cargos contra ellos.
- En marzo, ocho detenidos pertenecientes a la Alianza Nacional Democrática, coalición de partidos de la oposición, fueron acusados de «conspirar contra el Estado». Los habían detenido en diciembre del 2000 durante una reunión con un diplomático estadounidense. Fueron puestos en libertad en octubre, cuando el presidente anunció públicamente que se habían retirado los cargos que pesaban en su contra. En febrero se dejó en libertad, sin cargos, a los abogados Ali Mahmoud Hasanain y Ghazi Suleiman, detenidos en diciembre del 2000 por protestar contra la detención de los miembros de la Alianza Nacional Democrática.
- En febrero y en los meses siguientes se detuvo a varios dirigentes y partidarios del Congreso Nacional Popular. Los dirigentes fueron acusados de «conspirar contra el Estado», si bien no se presentaron cargos formales. El 1 de octubre, el gobierno anunció que se desestimaban las acusaciones contra ellos y todos quedaron en libertad salvo el dirigente Hassan al-Turabi. El 2 de octubre, al menos otros 13 partidarios del Congreso Nacional Popular volvieron a ser detenidos en una reunión política y seguían recluidos sin cargos ni juicio al finalizar el año.
- En marzo, Nageeb Nagmeldin el Toum, director del Centro Amal para la Rehabilitación de Víctimas de Trauma Físico y Mental, permaneció detenido durante más de dos semanas y al centro le fueron incautados bienes e historiales médicos. Faisal el Bagir, miembro del personal del centro, permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 12 días. En diciembre se devolvieron los bienes y expedientes del centro.
- En octubre se detuvo a los miembros del Partido Comunista Youseif Husein y Abbas Mohamed al Tahir, y al finalizar el 2001 continuaban recluidos en régimen de incomunicación.
Los servicios de seguridad detuvieron y amenazaron a periodistas que se habían mostrado críticos con la guerra o con la política gubernamental, y sometían a la prensa privada a la censura antes de su publicación.
- Albino Okieny, redactor jefe del periódico privado Khartoum Monitor, y los periodistas Alfred Taban y Nhyal Bohl, fueron detenidos varias veces durante breves periodos para interrogarlos. En octubre y noviembre los detuvieron para interrogarlos sobre unos artículos en los que se criticaba al gobierno y los dejaron en libertad bajo fianza en espera de juicio por «incitar al odio contra el Estado». El proceso no había dado comienzo al finalizar el 2001.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
- Sudán: Se deben investigar los disparos y las detenciones practicadas en la catedral(Índice AI: AFR 54/009/2001/s)
- Sudán: Talisman Energy debe hacer más para proteger los derechos humanos(Índice AI: AFR 54/010/2001/s)
