2005 Informes Anuales – Japón

Jefe del Estado: emperador Akihito
Jefe del gobierno: Koizumi Junichiro
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no firmado
Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificado
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: no firmado


Summary

En 2004 fueron ejecutados en secreto dos hombres en la horca. Al menos 61 presos seguían en espera de ejecución. Los procedimientos de reconocimiento de refugiados no cumplían las normas internacionales. Aún seguía sin resolverse la cuestión de las reparaciones a mujeres que fueron obligadas a prostituirse como esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial.

Información general

Perú seguía intentando conseguir la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori, buscado como cerebro de las masacres que los "escuadrones de la muerte" perpetraron entre 1991 y 1992. Alberto Fujimori, exiliado en Japón desde 2000, era considerado ciudadano japonés por su origen nipón y, en consecuencia, no estaba sujeto a extradición. En marzo de 2003, Interpol publicó una notificación internacional para pedir la detención de Alberto Fujimori. En respuesta a la segunda solicitud formal de extradición del gobierno de Perú, efectuada en febrero de 2004, el gobierno japonés pidió más información.

En junio, Japón declaró que vincularía las ayudas futuras a Vietnam a la introducción de mejoras en los derechos humanos. Japón interrumpió las nuevas ayudas a Myanmar en 2003, reanudando sólo una ayuda limitada en 2004.

Japón participó en negociaciones bilaterales y multilaterales destinadas a resolver la crisis nuclear de Corea del Norte. También mantuvo negociaciones bilaterales con Corea del Norte para esclarecer el asunto del presunto secuestro de cientos de ciudadanos japoneses en los años setenta y ochenta. En agosto, el gobierno japonés anunció que enviaría ayuda de alimentos a Corea del Norte, así como asistencia médica, y en noviembre cuatro funcionarios del Estado japonés se trasladaron a Corea del Norte para supervisar su distribución.

Pena de muerte

En septiembre fueron ejecutadas dos personas en la horca. Ambas ejecuciones se llevaron a cabo en secreto. A los presos se les informó de su ejecución sólo unas horas antes, y a sus familias y abogados no se les notificó hasta después de haber tenido lugar. Las ejecuciones se llevaron a cabo durante un receso de la actividad parlamentaria, para evitar cualquier debate público o crítica.

• Mamoru Takuma, que en 2001 asesinó a ocho escolares en Osaka, fue ejecutado con una rapidez poco habitual, menos de un año después de que su condena a muerte fuera definitiva. Según los informes, tenía antecedentes psiquiátricos.

Los presos en espera de ejecución eran mantenidos en régimen de aislamiento, limitándose al máximo su comunicación con el mundo exterior. Al menos 25 presos cuya sentencia era definitiva habían pasado más de 10 años a la espera de ser ejecutados. Según los informes, un 10 por ciento de los presos en esa situación eran víctimas de errores judiciales.

• En agosto, el Tribunal Supremo de Tokio rechazó una solicitud de nuevo juicio presentada por Hakamada Iwao, que había cumplido 38 años de prisión y en todo momento se había declarado inocente.

Refugiados y migrantes

Con la política en materia de seguridad hecha pública por el gobierno a finales de 2003 se recrudeció la ofensiva contra la inmigración ilegal. Las empresas que presuntamente empleaban a migrantes en situación irregular eran objeto de redadas policiales. El gobierno también manipuló el temor al "terrorismo" para facilitar la devolución de miles de trabajadores extranjeros.

A esta ofensiva le siguió una enmienda a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, que elevaba la multa máxima para migrantes en situación irregular y ampliaba de 5 a 10 años el tiempo máximo de prohibición de reentrada de ciudadanos extranjeros expulsados.

La nueva ley suprimía el requisito que obligaba a los refugiados a solicitar la condición de refugiado en un plazo de 60 días tras su llegada. Sin embargo, la detención de los solicitantes de asilo continuaba siendo motivo de preocupación. Los solicitantes de asilo con trastornos mentales seguían siendo detenidos sin recibir atención médica adecuada, y persistían los informes de intentos de suicidio. Algunos solicitantes de asilo detenidos quedaron apartados de sus hijos a raíz de su detención. Varias personas que llevaban años detenidas fueron devueltas repentinamente, cuando sus apelaciones aún estaban pendientes de resolución. En 2004, sólo 15 de las 426 personas que solicitaron la concesión de la condición de refugiado obtuvieron asilo.

• En febrero, el Tribunal de Distrito de Tokio ratificó la decisión de rechazar la condición de refugiado solicitada por un homosexual iraní llamado Shayda, pese al gran número de ejecuciones de homosexuales en Irán. Shayda fue reconocido como refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2001. El Tribunal de Tokio reconoció que el Código Penal Islámico de Irán castigaba --incluso con la muerte-- a las personas acusadas de mantener relaciones sexuales con otras de su mismo sexo, pero afirmó que Shayda podría vivir con seguridad en Irán, siempre y cuando no realizara "abiertamente" tales actividades, y que siempre se podía encontrar la forma de evitar sufrir persecución. La solicitud de la condición de refugiado presentada por Shayda fue denegada en 2000, y posteriormente fue detenido durante 19 meses por haber permanecido en el país tras haber vencido su visado.

• En noviembre, una mujer vietnamita fue devuelta a Vietnam pese a que su marido (refugiado) y su hija (un bebé) permanecieron en Japón.

En agosto, funcionarios del Estado japonés, con la ayuda de la policía turca, visitaron Turquía para realizar una investigación de las familias que solicitaban asilo en Japón. Dichas investigaciones expusieron a un mayor peligro a los solicitantes de asilo y sus familias, ya que se daba a las autoridades turcas información de cada solicitud.

Violencia contra las mujeres

El asunto de las reparaciones a las ex "mujeres consoladoras" --mujeres obligadas a prostituirse durante la Segunda Guerra Mundial como esclavas sexuales-- seguía sin resolverse. En febrero, el Tribunal Superior de Tokio desestimó las demandas de indemnización de siete ex "mujeres consoladoras" taiwanesas. Las mujeres declararon que habían sido víctimas de abusos sexuales sistemáticos a manos del ejército imperial japonés y que habían sufrido discriminación después de la guerra. Exigían una indemnización y una disculpa oficial del gobierno japonés. En un principio las demandantes eran nueve, pero dos murieron durante el proceso.

En mayo, Japón aprobó una ley en contra de la violencia doméstica que disponía la protección no sólo de cónyuges sino también de ex cónyuges e hijos. Esta ley permitía a los tribunales dictar contra los agresores órdenes de alejamiento del hogar y de su cónyuge, ex cónyuge e hijos.